Aprender de la Experiencia (2)

 

[Este post es el primero de una serie producida para el blog Politics & Ideas. La serie de posts se centra en cómo el desarrollo de contenidos para enseñar políticas públicas es a la vez, en sí mismo, un reto en la construcción de capacidades. La versión original en inglés la puede encontrar aquí.]

Carlos Alza Barco[1]

Diferenciar un hecho de un problema, una estrategia de un mecanismo, una función de una competencia, una fase de diseño de una de implementación. Saber analizar o formular políticas públicas, establecer mecanismos de gestión, tomar decisiones y resolver los dilemas de la decisión. Aprender a usar la evidencia o a construirla para formular mejores políticas públicas. Negociar, armar coaliciones, lograr incidir. Estudiar el arte del Estado consiste, entre otras cosas, en todo lo anterior.

 

aprender de la experiencia caratula solaFormar profesionales para la administración pública es –en mi opinión y experiencia- una excelente forma de aportar a la creación de capacidades institucionales en el gobierno. Esto, por supuesto, no es fácil. La educación universitaria tiene sus paradojas. Para enseñar bien la teoría, necesitas tiempo, un tiempo que te aleja de la práctica misma. Si enseñas lo práctico, te puede ganar la tecnocracia, perdida y aislada de lo político, vaga y sin horizontes claros. Si eres alumno de pregrado, tienes vocación y permanente entrenamiento en el razonamiento teórico, pero no tienes experiencia ni acceso fácil a la burocracia. Esto, en ocasiones, los conduce a una limitada comprensión de la burocratización de lo político. Si eres un burócrata que estudia un posgrado, tienes el acceso y la información de las acciones de gobierno, la experiencia de la gestión, pero no tienes tiempo y el trabajo te deja sin fuerzas –y a veces sin ganas– para convertirlo en teoría útil para comprender dicha complejidad. Esta situación parece llevar al profesor a la imposibilidad de una enseñanza profunda de los procesos de política. Esto, por supuesto, no es cierto.

 

En un post anterior hablamos de los teaching cases y de los research cases, como dos formas distintas de hacer casos, en tanto responden a objetivos diferentes. Nosotros optamos por hacerlas coincidir. Los denominados teaching cases han tenido una gran difusión en el mundo académico como tecnología educativa que permita comprender y discutir procesos de política, de toma de decisiones o procedimientos y estrategias que ocurren en la administración pública o privada. Suelen ser elaborados por especialistas, docentes e investigadores. Cada teaching case tiene una propia estrategia metodológica para su construcción, así como herramientas para el docente, de modo que pueda darle el mejor uso en el aula.

 

Por otro lado, los denominados research cases han servido a investigadores para reconstruir procesos de política a través de narraciones que muestran extractos de la realidad analizados con marcos teóricos útiles para comprender dichos procesos. Los research cases se usan hoy en tesis de posgrado, investigaciones y publicaciones académicas. Cada uno de ellos nos muestra dificultades y limitaciones en las reformas de gestión, estrategias en la toma de decisiones, en suma, la política de las políticas públicas.

 

El libro que acabamos de publicar “Aprender de la Experiencia. Ocho estudios de caso para estudiar políticas públicas y gestión pública” (2014) surge precisamente de la conjunción de ambos tipos de casos. Elaboramos teaching cases a partir de la elaboración de research cases, en la comprensión y convicción de que el involucramiento en la producción de estos brinda oportunidades a los alumnos y alumnas para hacer ambas cosas a la vez: producir conocimiento científico sobre los procesos de política, reconstruyendo y analizando los hechos con estrategias historiográficas guiados por la teoría, y aprender en el proceso de investigación. No se trata, entonces, simplemente de recrear o convertir en ficción situaciones reales, sino de hacer de la realidad una fuente de aprendizaje para comprender y aprender a hacer (decidir), reconociendo tanto las buenas como las malas prácticas de los actores políticos y burocráticos.

 

Además de la utilidad de estos casos para la academia, tienen efecto en las capacidades institucionales del propio Estado, generando evidencia que sirve para comprender los procesos más allá de los resultados. Estos últimos nos permiten visibilizar la eficacia, pero los primeros nos permiten identificar las formas de hacer y decidir, lo que a su vez facilita la transferencia de políticas y el inter aprendizaje en la administración del Estado para brindar mejores servicios a ciudadanos y ciudadanas.

 

 

[1] Docente y coordinador en políticas públicas y gestión pública de la Escuela de Gobierno PUCP. Doctor (c) en Ciencia Política y Gobierno y Magister en Regulación (LSE, UK). Ha realizado estudios de derecho en la PUCP, en Harvard y Sevilla. Fue Defensor del Pueblo Adjunto para Servicios Públicos y Medio Ambiente y es consultor nacional e internacional en políticas públicas, gestión pública y gobierno.

 

Bibliografía

 

  • Alza Barco, Carlos (Comp.) (2014). Aprender de la experiencia. Ocho estudios de caso para enseñar políticas públicas y gestión pública. Lima: Escuela de Gobierno PUCP.
  • Barzelay, Michael y J.C. Cortazar (2004). Una guía práctica para la elaboración de estudios de caso sobre buenas prácticas en gerencia social. Washington DC.: INDES BID.
  • Byrne, David and Charles Ragin. (2009). The SAGE handbook of Case-based Methods. London: SAGE.
  • Hood, Christopher. The Art of the State. Culture, Rethoric, and Public Management. Oxford University Press.
  • Miller, Delbert y Neil Salkind. (2002). Handbook of Research Design & Social Measurement. 6th Oaks: SAGE.
  • Pettigrew, Andrew M. (1997) What is Processual Analysis? En: Scandinavian Journal of Management, Vol. 13, No 4, pp. 337 – 348.
  • Stake, Robert E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: SAGE.
  • Yin, Robert K. (1994) Case Study Research. Design and Methods. Second Editions. Thousand Oaks: SAGE.

 

Aprender de la Experiencia (1)

 

[Este post es el primero de una serie producida para el blog Politics & Ideas. La serie de posts se centra en cómo el desarrollo de contenidos para enseñar políticas públicas es a la vez, en sí mismo, un reto en la construcción de capacidades. La versión original la puede encontrar aquí.]

Carlos Alza Barco[1]

 

Desde que Lasswell (1951) desarrolló la noción de análisis de políticas y los paradigmas burocráticos descritos por Weber fueron cuestionados por los de la Nueva Gestión Pública, la Ciencia Política y de la administración pública han buscado modelos de comprensión de algo que –en realidad, no podemos ver ni tocar: las políticas públicas.

 

teachingHugh Heclo (1972) decía que las políticas públicas no son un fenómeno autodefinido; es decir, no son materiales, palpables, no se pueden tocar, abrazar o sentir físicamente como a las cosas materiales. Las políticas públicas, decía Heclo, son categorías analíticas y, por tanto, ideales, producto de la construcción analítica, reflexiva, del analista, del investigador o del formulador de políticas. Entonces, ¿dónde están las políticas públicas? ¿Dónde se hacen reales? ¿Cómo se hacen reales? ¿Cómo se materializa un concepto o –mejor aún- como conceptualizamos una realidad que no palpamos? ¿Qué es –finalmente- lo que hacen los gobiernos?

 

Estas preguntas han guiado mis reflexiones en torno a las políticas públicas en toda mi experiencia académica y profesional. En casi diez años como servidor público, pude ver y participar de esa realidad compleja que es la administración y el gobierno, y en la que la pregunta ¿dónde está la política pública? sigue vigente. Desde la academia, y siguiendo a diversos autores como Lindblom (1991), Hood (1998), y Stein & Tomassi (2006), diría que las políticas son el centro del quehacer del Estado y están emergiendo en el continuo proceso político de decisiones que conforman al leviatán. Es el analista, como diría Heclo, el que reconstruye, redibuja y –cuando formula las políticas- las dibuja también, para comprenderlas o intervenir sobre ellas.

 

Si esto es así, la gran pregunta es cómo enseñar políticas públicas sin una unidad de observación física. Me topé entonces con la metodología de estudios de casos, tecnología educativa que puede convertirse en una excelente herramienta para el análisis de las políticas públicas. Un estudio de caso tiene la enorme ventaja de reconstruir los procesos de decisión y de ordenar una complejidad con los lentes del analista, del académico, pero también con la lógica del tomador de decisión. De modo que un estudio de caso reconstruye, explica y ayuda a comprender fenómenos complejos, y la elaboración misma de un caso genera conocimiento sobre una realidad a la que –si no estamos dentro- tendríamos poco acceso o solo conocemos por la formalidad de sus instrumentos públicos.

 

Convencido de ello, convoqué en el año 2012 a un grupo de estudiantes de pre y posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú para elaborar ocho estudios de caso sobre experiencias de política pública en el gobierno peruano, que nos permitirían reconstruir procesos de política y facilitar el aprendizaje colaborativo basado en problemas (2004).

 

Tres casos[2] muestran procesos y estrategias de establecimiento de agenda gubernamental, y uso de evidencia para la toma de decisiones. Otros tres casos[3] están orientados a mostrar procesos vinculados al diseño y la implementación de políticas o programas públicos, en un marco de liderazgo gerencial y uso de evidencia. Uno de ellos[4] está centrado en el diseño de políticas. Y el último[5] está pensado en las diversas estrategias y dilemas a los que se enfrentan los actores públicos cuando atienden conflictos sociales violentos.

 

Esta vez no serían casos recreados, novelados o convertidos en ficción como suelen ser los denominados teaching cases. Serían casos reales cuyo proceso mismo de elaboración sería valioso para la generación de capacidades y aprendizajes sobre las políticas y la gestión públicas en alumnos y profesores investigadores, además de generar evidencia sobre los procesos reales de política pública. A esos les llaman research cases (Stake; 1995). Veremos en un siguiente post cuál es la diferencia entre estos.

 

 

[1] Docente y coordinador en políticas públicas y gestión pública de la Escuela de Gobierno PUCP. Doctor (c) en Ciencia Política y Gobierno y Magister en Regulación (LSE, UK). Ha realizado estudios de derecho en la PUCP, en Harvard y Sevilla. Fue Defensor del Pueblo Adjunto para Servicios Públicos y Medio Ambiente y es consultor nacional e internacional en políticas públicas, gestión pública y gobierno.

[2] Ni una muerte más. El caso de la política pública sobre el feminicidio en el Perú; La Ley Asustada. El caso de la aprobación de la Ley de Cine en el Perú (2009-2012); y Ambiente de presión. El caso de la creación del Ministerio del Ambiente en el Perú (2007).

[3] Reconvirtiendo el Programa. El caso del Programa de reconversión laboral REVALORA Perú (2009-2011); Oportunidad para Servir. El caso de la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos en el Perú; Un solo lugar, menos tiempo. El caso del Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).

[4] Centrándose en los resultados. El caso del Programa Presupuestal Estratégico de Incremento de la Productividad de las MYPE.

[5] Crónica de un conflicto anunciado. El caso del conflicto social en Bagua (5 y 6 de junio de 2009).

A propósito de la Unión Civil y sus argumentos

Carlos Alza Barco

DISEX – Observatorio de Políticas de Diversidad Sexual

Coordinador del Grupo de Investigación en Políticas Públicas y Gestión Pública PUCP

 

Las políticas públicas como argumento

Union civil ya“Como lo saben muy bien los políticos –y como los científicos sociales olvidan con demasiada frecuencia- la política está hecha de palabras.” Así empieza Giandomenico Majone su libro “Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas” (1989), revalorando la retórica, en su sentido más originario y filosófico, en el análisis de lo que hacen los gobiernos. En efecto, las políticas públicas, como decía Hugh Héclo (1972), no constituyen fenómenos autodefinidos, asibles, materiales, sino categorías analíticas creadas por el analista. Estas justifican o racionalizan la autoridad del soberano, del Estado, dándole certidumbre al sistema político. Las políticas públicas se hacen visibles en las decisiones, y a la vez son la expresión del Estado moderno, del imperio de la razón, sobre la mera creencia, el dogma de la fe, o el gobierno de la voluntad absoluta del rey, a través de la argumentación válida, de argumentación lógica.

 

El debate de la unión civil es, en este sentido, una oportunidad única. En primer lugar, es una oportunidad para la deliberación democrática, para el dialogo abierto y plural. Hemos de felicitarnos de poder debatir, deliberar, publicitar nuestras ideas[1] y contrastarlas para poder tomar una decisión como Estado. No es poca cosa. El Observatorio de Políticas Públicas para la Diversidad Sexual – DISEX contiene un resumen –elaborado por el Grupo de Investigación en Políticas Públicas de la PUCP- de las posiciones de ambas partes. Los invito a leerlo y la conclusión será clara: la Unión Civil va!

 

Los argumentos de un lado (el que apoya la unión civil) se basan en la evidencia de la exclusión social generada por un mundo heteronormativo[2] –yo prefiero llamarle heterocéntrico- y deja claro que facilitar la libertad de unos no afecta la libertad de otros. Los argumentos del otro lado (el que se opone) son religiosos, basados en el dogma de la fe, de una lectura de las normas constitucionales y legales a la luz de un derecho que no es el de nuestro sistema jurídico, sino del derecho canónico, que desde 1897, cuando se legalizó el matrimonio secular, ha dejado de ser el que rige las relaciones de las parejas. Argumentos en contra cuyas consecuencias en sí son limitantes de la libertad de los otros, una libertad que, sin embargo, no afectaría ni la fe, ni la religión, ni la libertad de ningún otro ser humano. No requiere mayor explicación. Llegado a este punto, entre ambos argumentos solo uno aparece como compatible con el Estado laico que queremos y necesitamos construir, y con las instituciones seculares que faciliten la vida en común sin discriminación ni exclusión de ningún tipo.

 

La deliberación, en este caso, nos muestra una realidad, una alternativa para resolver sus efectos negativos, y dar paso a un Estado nuevo, que se funde en los derechos de las personas y en el respeto pleno por quienes sean diferentes, por quienes piensen diferente, e igualmente válido para quienes quieran seguir viviendo en sus referentes binarios de varón y mujer, rigiendo sus vidas con los preceptos de la iglesia. Es su derecho y la aprobación de la Unión Civil no lo pone en juego de ninguna manera. La Unión Civil incluye a los excluidos, y no excluye a los incluidos. Sin embargo, una interpretación religiosa del matrimonio civil excluye.

 

En ese sentido, los argumentos a favor de la unión civil son argumentos lógicos, válidos, basados en la evidencia que existe de la exclusión de millones de personas bajo el sustento de su orientación sexual. Si son 3 millones o 10, tampoco importa. Si nos guiáramos por las cifras tampoco regularíamos a los pueblos indígenas que según dicen llegan a los cuatro millones, a las personas con discapacidad que tampoco sabemos cuántos son en realidad (el CONADIS tiene un subregistro y según estimados de algunas organizaciones estos llegarían a casi 4 millones), o a los afrodescendientes, o a los emolienteros, que han merecido una ley del mismo Congreso que deberá votar esta ley de Unión Civil. El argumento del número puede llegar a ser falaz y discriminatorio en sí mismo. Los derechos humanos no se protegen por el número de personas que los detentan, ni su regulación requiere que seamos mayorías.

 

Valga decir en este extremo que conseguir más información sobre la diversidad sexual hoy es difícil, a no ser que sea para la criminalización o para la superación de epidemias. Tampoco hay una política –como en muchos otros campos- que gestione la información al respecto[3]. Hasta ahora el homosexual ha sido solo un “factor de riesgo” en algunas políticas públicas del Estado, como ha ocurrido en salud a propósito del VIH/SIDA. No podemos tener más información sobre la realidad de la diversidad sexual que vivimos pues el mundo está organizado con criterios binarios de prácticas heterosexuales entre varones y mujeres, y fortalecidos por discursos sobre los roles de cada género que, por cierto, coartan nuestras libertades, nuestra creatividad y la forma en la que logramos desenvolvernos en la sociedad. Sobre esto podemos encontrar un poco más de información y conocimiento a partir de los estudios de género.

 

Union civil ya v2Millones que se hacen llamar “heterosexuales” son en realidad “divergentes” de su propio sistema, con prácticas anales, orales, sexo ocasional con personas del mismo sexo, fetichismo, juegos de roles, entre muchas otras formas que callamos pero existen; el sistema tiene una “policía de los enunciados” como decía Foucault en su Historia de la Sexualidad. Un sacerdote hace solo dos días decía “Si lo haces, solo díselo al confesor”. Claro, el secreto limpia, y mantiene el sistema heterocéntrico vigente, sometiendo la sexualidad a la economía estricta de la reproducción.[4] No es posible ni permitido producir más información sobre la diversidad sexual; se cancelan los programas educativos sobre la sexualidad; se invisibiliza la diferencia en las encuestas; no se registra lo gay, lo trans, lo lésbico o lo intersexual en los partes de salud o en las comisarías, a no ser que sea para tipificarlo como delito, falta contra la moral o para subsumirlo en las mismas categorías que la prostitución o la pandemia en las Ordenanzas y Planes de Seguridad de varios municipios limeños. “Lo propio de las sociedades modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en la sombra, sino que ellas se hayan destinado a hablar del sexo siempre, haciéndolo valer, poniéndolo de relieve como el secreto” (Foucault, 23). Que no haya cifras no significa que no exista la diversidad sexual, pero si demuestra la ausencia de Estado en un sector que lo requiere pues sufre marginación, discriminación, exclusión social y muerte[5].

 

Por todo ello, creo que la Unión Civil, tal como ha sido propuesta por el proyecto del congresista Bruce (y jamás como el de Martha Chavez[6]), puede ser una gran oportunidad también para mejorar las políticas públicas del Estado. Para incluir, para visibilizar, para comprendernos mejor y aceptarnos como seres humanos y repensar nuestras propias realidades. Esta comprensión conlleva a una mejor comprensión de otras prácticas sociales. Por ejemplo, sólo como reflexión adicional, en el caso de las políticas públicas antibullying que tanto queremos implementar: ¿Cómo, sino, le explicaremos a nuestros hijos que el bullying homofóbico está mal, si no hemos sido capaces de reconocer a otros la libertad de unirse y de que su Estado los reconozca, legalmente, según su orientación sexual? ¿Cómo explicaremos a nuestros hijos que maltratar o excluir a otro niño/a por homofobia está mal si ni siquiera somos capaces de incluir en los manuales escolares la sexualidad –ya no la homosexual- sino inclusive la heterosexual? El contrasentido se apodera de las decisiones públicas, y las estrategias de solución tienen meros efectos terapéuticos en nuestra sociedad. En la realidad, no pasa nada.

 

Políticas públicas con enfoque de derechos

 

En segundo lugar, y no menos importante, la Unión Civil es efectivamente un asunto de derechos, de hacer real la anunciada igualdad formal que reza en nuestra Constitución. Seamos sinceros y claros, no todos somos iguales en el mundo real, ni tenemos igualdad de oportunidades. Algunos pueden casarse y formalizar su unión a través de la institución del matrimonio, otros no. Algunos pueden heredar entre sí sin que medie mayor acuerdo que el del matrimonio formal, otros no. Algunos pueden acceder a servicios básicos como la salud por el solo hecho de ser pareja (heterosexual), otros no. Eso NO es igualdad de oportunidades: es una mera diferenciación, es una discriminación expresa y formalizada por el propio sistema jurídico; es una desigualdad estructural y legitimada, inaceptable en un Estado moderno que se base en reglas democráticas y en derechos plenos para sus ciudadanos y ciudadanas. Aquel que se proclame demócrata y respetuoso de los derechos humanos difícilmente podrá negarse a aceptar una realidad como esta, en la que la libertad y las oportunidades de millones de personas están limitadas por las propias reglas del sistema. Entonces, si hacemos política o tomamos decisiones de política, somos responsables de su persistencia o de ser ejecutores del cambio que mejorará la vida de millones de personas. Es precisamente allí donde la intervención del Estado con leyes como la Unión Civil es deseada, urgente y necesaria.

 

Hace no muchos años se consideraba absurdo e inaudito que una mujer osara leer, que escriba, que vote, que sea un igual entre los hombres. Se consideraba antinatural que los afrodescendientes tuvieran derechos o libertad. Todavía hoy muchos consideran que los niños son “propiedad” de sus padres, justificando así el maltrato físico y humillante. Hasta hace no mucho en nuestro país el matrimonio estuvo solo permitido para los cristianos católicos que vivían en el Perú. Los paradigmas cambiaron con el tiempo, y deberá cambiar aún más. Por ello todavía seguimos luchando contra la violencia hacia la mujer, hacia el niño, contra la discriminación por origen étnico y por superar la exclusión social. El tema de la exclusión por orientación sexual no es diferente. Es un paradigma que se repite desde que nacemos con el color azul y el celeste, con los pantalones y las faldas, con poder llorar si eres mujer y soportar el dolor en silencio si eres hombre. Lo repetimos innumerables veces en el colegio cuando nos repiten que el modelo de familia es la trilogía sagrada de padre, madre e hijo, y que la familia es la célula básica de la sociedad, aunque de cada 40 alumnos haya 38 que no coinciden con ese modelo. Puede ser una aspiración válida, pero es solo una aspiración: la naturaleza humana es mucho más compleja de lo establecido y siempre lo ha sido.

 

Informe 2012El enfoque basado en derechos en las políticas públicas es una forma particular de mirar el mundo, de leer la realidad y de intervenirla desde el Estado. En esa intervención, la regla principal es que el Estado se convierta en garante, protector, promotor y respetuoso de los derechos de las personas, en condiciones de igualdad y considerando las diferencias. Y el respeto por los derechos se exige hoy a los Estados como elemento sustancial para llamarlos democráticos y regidos por el Estado de Derecho. El desarrollo de una nación hoy no se puede medir solo por el sostenido crecimiento económico –necesario, qué duda cabe-, pero es preciso caminar también hacia la comprensión de un desarrollo que se base en derechos, en las mayores capacidades para los ciudadanos y ciudadanas que componen la comunidad, un espacio de libertad que llegue al máximo sin poner en riesgo la vida, la integridad o los derechos de los demás. Si eso ocurre, allí estará el Estado para regularlo. Nuevamente -seamos claros y honestos como comunidad- la Unión Civil no afecta negativamente los derechos de nadie, y más bien sí lo hace positivamente en favor de quienes formamos parte de eso que se ha denominado la comunidad lgtbi. Ojalá no tuviéramos que hacer dichas diferencias, y simplemente pudiéramos ser ciudadanos y ciudadanas de un país que reconozca la diversidad sexual garantizando el espacio de libertad y definición de cada uno, porque –por cierto- corresponde a una realidad que no es nueva, y probablemente, como ya mencionamos, tampoco es minoría.

 

Políticas públicas en un Estado laico

 

La Unión Civil es también una gran oportunidad para lograr que nuestro Estado se torne en uno verdaderamente moderno, y eso significa “laico”. Antes que existiera el Estado moderno, al que aspiramos desde hace no pocos siglos, las decisiones se basaban en las creencias o en la voluntad del soberano. No había certidumbre, no había igualdad, no había seguridad jurídica. La aparición de la ley, del rule of law, del Estado de Derecho, que permita construir esa seguridad, lejos del relativo humor o creencia del soberano. Las políticas públicas aparecen como un elemento racionalizador de dicho sistema decisional. Siendo decisiones, están basadas en argumentos, que explican y justifican una situación de la realidad como problema público, que permite establecer criterios para decidir que el Estado debe intervenir, y qué tipo de intervención merece cada tema, y así, permite seleccionar alternativas de solución que intentan resolver ese problema o crear condiciones para que los ciudadanos lo resuelvan por sus propios medios en el mercado o en el espacio social. Las políticas públicas no pueden así basarse en dogmas, creencias religiosas o meras especulaciones sobre lo que puede o no ser considerado natural. Nadie cuestionará, por ejemplo, la naturalidad de la reproducción, pero tampoco se puede cuestionar la complejidad de la sexualidad humana y la diversidad de formas de familia que no coinciden con el modelo padre-madre-hijo. No podemos asumir que la monogamia del placer es natural, allí donde la evidencia psicológica y científica –desde hace muchos años- muestra que esta proviene de múltiples prácticas, que aparece en múltiples formas y que su comprensión nos hace más libres y más responsables de su propia existencia.[7]

 

Si el Estado peruano se volviera mañana mismo musulmán, el mundo cristiano probablemente sufriría un revés, y tendría entonces que abandonar la adoración de sus deidades, la demolición de sus templos y el encierro ante cualquier práctica ritual que para entonces se consideraría pagana. El mundo se habría invertido, y los “invertidos” serían entonces aquellos que hoy lanzan la primera piedra para acusar de abominables a quienes tenemos una sexualidad diferente (¿muy diferente? improbable). La garantía de que cristianos y no cristianos, musulmanes y evangélicos y ateos y agnósticos, sacerdotes, apus y laicos puedan convivir en una misma comunidad viene dada por la existencia de un sistema de gobierno que esté lejos de corporativizarse en sus decisiones con alguna de esas formas. Un gobierno para todos y todas, que garantice la libertad sin lesión de terceros, eso es un Estado laico y democrático. La aprobación de la Unión Civil no matrimonial va precisamente en ese camino y ojalá podamos darnos la oportunidad de ser una mejor sociedad.

 

Reflexión final

 

Esta es una oportunidad de aceptar y reconocer una realidad, pero a su vez de intervenir para cambiarla positivamente sin afectar ni por asomo el derecho de otros. Toda política educativa será un fracaso, las políticas de salud, previsión y cualquier otra serán limitadas, toda política a favor de la construcción de una cultura de paz será banal, todo esfuerzo de lucha contra la exclusión, la violencia y la marginación de las personas no heterosexuales parecerá solo inconexa poesía si no decidimos. Se habrá dado paso a una política, la de la-no- decisión, propia de quienes no asumen la responsabilidad de conducir a sus sociedades a mejores condiciones de vida.

 

Quienes formamos parte de una comunidad excluida, que debe muchas veces esconderse en los armarios de la soledad, en la violenta rutina de lo “normal”, en la cruenta exigencia del silencio; también quienes formamos parte de una realidad de la que no nos avergonzamos sino que la consideramos digna y valiosa para nuestras vidas, vidas que vivimos con orgullo pero con las lamentables limitaciones de un sistema injusto que no nos permite las mismas condiciones para lograr la felicidad; todos y todas reclamamos con pleno derecho y sin temor que el Perú apruebe la Unión Civil. Insistiré, entonces, frente a nuestros gobernantes: no perdamos la oportunidad que tenemos entre manos para que nuestra comunidad política y nuestro país sean más libres, democráticos y respetuosos de los derechos humanos de todos y todas.

 

 

[1] Es verdad que algunos tienen más recursos para la publicidad de sus ideas, y más acceso a los medios de comunicación. En esto también el Estado ha sido débil en fortalecer mecanismos que faciliten el diálogo en condiciones democráticas, permitiendo inclusive en algunos casos que se incite a la violencia, a la homofobia y a la exclusión por “abominación”.

[2] Nos referimos a lo heteronormativo para referirnos a una realidad que reconoce y prescribe una sola forma de relacionamiento de parejas, varón y mujer. Por eso prefiero llamarle heterocéntrico.

[3] Solo como referencia la negativa a censar familias diversas o a la población lgbti expresamente. Esto produce un vacío de información que impide tomar decisiones de política pública eficaces y, por supuesto, las organizaciones lgbti crean su propia data a través de importantes pero siempre limitados informes anuales como el que produce PROMSEX.

[4] “El silenciamiento, la invisibilización y la negación de imágenes y referentes sociales positivos de la diversidad genérica y sexual, en las sociedades occidentales y occidentalizadas son causales principales de los prejuicios antilésbicos, antigays y antitrans (…) La falta de información y la desinformación producen ignorancia. La ignorancia lleva al desconocimiento, lo desconocido produce miedo, el miedo frustración e impotencia, luego desesperación y finalmente odio (es la correlación más básica de la psique humana).” (Informe Anual TLGB, 2012:8).

[5] El Informe de la CVR dio a conocer que durante el conflicto armado interno se afectaron los derechos a la vida y a la integridad de personas TLGB. El argumento de los grupos subversivos: “profilaxis social”. Hombres a los que se les cortaba el pene antes de matarlos, violencia sexual y expulsión de comunidades. Los cadáveres eran tirados al río y nadie reclamó sus cuerpos. (Son conocidos y registrados entre otros los casos de intervenciones subversivas en Aucayacu del 6 de agosto de 1986 y en Pucallpa del 12 de setiembre de 1988). No hay hasta ahora reparación ni siquiera simbólica sobre estos hechos. Asimismo, en el 2012 se reportaron en medios al menos 7 casos de asesinatos y 12 casos de afectaciones a la seguridad personal e integridad física. Por supuesto, todas son cifras obtenidas de la prensa con la certeza de que la cifra negra, datos no recogidos, son muchísimo mayores; además, el Ministerio del Interior y la Policía reportaron no tener data oficial sobre crímenes de odio cometidos contra la población TLGB (Oficio No. 612-2013-DIRETCE-PNP/SEC). (Informe Anual TLGB, 2012; 71). A esto se puede sumar los casos de discriminación, la discriminación encubierta, los casos de violencia doméstica, familiar contra hijos y familiares LGTB; despidos discriminatorios no denunciados; y la propia violencia y exclusión generada por el propio sistema jurisdiccional peruano, cuya última sentencia STC-00139-2013-PA/TC del Tribunal Constitucional deja clara la profunda ignorancia y la interpretación tendenciosa de la mayoría de sus miembros respecto de la identidad de género. Mal por todos los lados.

[6] El proyecto de Chavez propone una “Sociedad solidaria” en el colmo del eufemismo pacato que no puede ni quiere denominar las cosas con su nombre. Otro intento acaso de seguir sosteniendo un discurso de control, castrante e invisibilizador.

[7] Desde los informes de Kinsey, Hite y otros autores sobre la sexualidad masculina, pasando por Masters & Johnsonn y De Lauretis, hasta estudios más recientes de Molloy & MacKee, Coriaga & Cruz, Vance, Ira Reiss, Byrne, Vanggaard, entre muchos otros. El mundo ha producido cantidad de conocimiento científico sobre la diversidad sexual y necesitamos que se vuelva una disciplina de estudio académica también.

 

Bibliografía

 

°         DISEX – Observatorio de Políticas para la Diversidad Sexual. A favor y en contra de la Unión Civil. Lima: mayo, 2014, en: http://disex.org visitado el 06/05/14 10.44 pm.

°         Foucault.Histoire de la sexualité 1: la volonté de savoir. Paris, éditions Gallimard. 1976.

°         Heclo, Hugh. Review Article. Policy Analysis, en: British Journal of Political Science, 2 (January 1972), pp. 83-108.

°         Hintze, Otto. The state in historical perspective, en: Bendix, Reinhart (edit). State and Society. University of California Press. Berkeley. 1973.

°         Kingdon, John. Agendas, Alternatives, and Public Policies. Little Brown, Boston, 1984.

°         Lindblom, Charles. Politics and Markets, Basic Books, New York, 1977.

°         Mairet, Gérard. La génesis del estado laico de Marsilio de Padua a Luis XIV, en: Chatelet, Francois. 1981. Historia de las ideologías. Tomo II. De la Iglesia al Estado (del Siglo IX al siglo XVII). Premia Editora. México. 1981

°         Majone, Giandomenico. Evidence, Argument & Persuasion in the Policy Process. Yale University Press, 1989.

°         Perelman, Chaim. The Realm of Rethoric, University of Notre dame Press, 1982.

°         PROMSEX y Red Peruana TLGB. Informe Annual sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú, 2012. Sin igualdad no hay justicia. Lima, 2012.

 

 

Nuevo libro: Aprender de la experiencia

Publicado: 7 febrero 2014 en Sin categoría

aprender de la experiencia caratula sola     Aprender de la Experiencia. Ocho estudios de caso para enseñar Políticas Públicas y Gestión Pública
Carlos Alza Barco (compilador)
2014
258 pp
S/. 50.=  (Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP – Pabellón H Tercer Piso).
(Leer índice y presentación clic aquí) 

Un estudio de caso brinda la oportunidad de llevar al aula lo que de manera compleja e intricada ocurre en la realidad del aparato gubernamental. En estos temas, el estudio de la teoría no es suficiente, se requiere una participación activa, es necesario observar, lo cual no siempre es posible de manera inmediata. Un estudio de caso permite “ver” una experiencia concreta y aprender sobre la base de problemas, encontrar viejas y nuevas prácticas, hacer dialogar la teoría con la evidencia en un permanente aprender y desaprender, acciones imprescindibles en todo proceso de formación académica. Los ocho estudios de caso que aquí se presentan han sido elaborados como tecnología educativa, para ser usados en el aula. Se trata de casos reales, reconstruidos a partir de un exhaustivo y cuidadoso trabajo de investigación de corte cualitativo. Una forma de aprender de la experiencia.

“Aprender de la experiencia is an important book for scholars, activists, policy makers, and practitioners interested in the design and, crucially, implementation of public policy in fragile democratic settings. Surveying a range of major public policy domains in Peru, Alza and the contributors to this volume provide a compelling insight into the complex interplay of politics, actor-incentives, and evidence-based diagnoses wich inform public policy and its administration.”

Dr. Thomas Pegram, Deputy Director,
del Institute of Global Governance, de la School of Public
Policy at University College London UCL.

La importancia de estudiar las políticas públicas

Publicado: 21 junio 2013 en Sin categoría

Entrevista en Radio IDEHPUCP 20 de julio 2012

“El profesor del curso ‘Diseño de Políticas Públicas’ de la Maestría en DDHH, Carlos Alza Barco, declaró para Radio IDEHPUCP la importancia que tiene aprender a elaborar políticas públicas desde su concepción hasta su aplicación. La posibilidad de llevar este curso se abre también para los alumnos de pregrado de la PUCP.”

Vídeo  —  Publicado: 21 junio 2013 en Sin categoría
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(Ver aquí: hacer click: http://www.mpfn.gob.pe/escuela/sec_galeria_video.php?codigo=692&multimedia=171 )

Exposición en la Escuela de Formación del Ministerio Público

Vídeo  —  Publicado: 21 mayo 2013 en Sin categoría
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