Carlos Alza Barco

Profesor y Coordinador de la Especialidad

de Políticas Públicas y Gestión Pública

Escuela de Gobierno PUCP

Ya sabemos que las clasificaciones son arbitrarias, pero también suelen ser necesarias. Facilitan el orden, la sistematización, el estudio especializado. Para la investigación, para la definición de una política pública como unidad de análisis y para su formulación, es importante contar con una clasificación que ayude a tomar mejores decisiones para que éstas se ajusten al marco jurídico vigente.

Los criterios de clasificación varían de autor a autor. Existen diversas clasificaciones y tipologías de políticas públicas. Así, por ejemplo, Theodore Lowi, desde un enfoque politológico, presenta políticas públicas de cuatro tipos:

Tipología  desde el enfoque politológico

• Regulatorias: aquellas orientadas principalmente a lograr la realización de conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está aquí en un enfoque conductual de las decisiones de los sujetos. Tal es el caso de las políticas de tránsito terrestre. El recientemente aprobado Reglamento de Tránsito no sólo plantea alternativas de solución al caos vehicular promoviendo y sancionando conductas en autos, sino también en las personas.
• Distributivas: aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos. El énfasis está en el “delivery” de servicios públicos, tales como los servicios de salud, educación y seguridad.
• Redistributivas: cuando se trata de políticas que recaudan de algunos para entregar a otros, en particular, por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Los programas sociales son parte de las políticas redistributivas.
• Constituyentes: cuando modifican la organización misma del Estado. El caso más claro en nuestro país es el de las políticas de la descentralización[1].

En el Perú, desde las ciencias sociales, se ha utilizado una clasificación que pretende poner énfasis en la naturaleza de las políticas públicas.

Tipología desde las Ciencias Sociales

                                                                Elaboración propia. Fuente Carlos Parodi[2].

En ese sentido, se habla de:

• Políticas sociales para aquellas destinadas principalmente a aliviar la pobreza y/o necesidades básicas de los ciudadanos;
• Políticas económicas cuando se refieren al manejo de la hacienda pública y las finanzas del Estado[3].

Yo suelo incluir aquí lo que denomino, siguiendo al profesor Barzelay y otros autores de Gestión Pública:

• políticas de gestión pública para referirme a aquellos procesos decisionales orientados a resolver los problemas de organización y operación del aparato burocrático. En varios países esto ha tomado la forma de Nueva Gestión Pública, y en otros, como los de América Latina y el Caribe, recibe el nombre de Reforma del Estado o Modernización del Estado.

Tomemos en cuenta, empero, que si bien para efectos metodológicos resulta conveniente una clasificación de este tipo; en la realidad práctica no todas las políticas son identificables con una sola categoría. Por ejemplo, las políticas mineras o las políticas de infraestructura son más difíciles de identificar en una categoría única, probablemente, debido a su transversalidad.

En un intento por encontrar una clasificación que sea útil para los politólogos y para quienes están involucrados en la toma de decisiones, revisé las normas, planes y directivas de la Presidenciadel Consejo de Ministros del Perú. Esto me llevó a elaborar otra clasificación[4], no exenta, por cierto, de dificultades:

Tipología  de Políticas Públicas a partir

del marco normativo nacional

Elaboración propia: Carlos Alza

• Políticas de Estado son aquellas que guiarán la labor del Estado más allá del gobierno de turno. Es decir, son decisiones que trascienden varios gobiernos, como ha sido el caso, en el Perú, de las políticas de comercio exterior presentes en diversos gobiernos, como los de Fujimori, Toledo y ahora García.

• Políticas de Gobierno, en cambio, son aquellas que obedecen a un plan de gobierno y a la ideología del partido de gobierno y, por tanto, suelen estar circunscritas al periodo de mandato. Así, por ejemplo, para un Gobierno, el aumento de la recaudación puede convertirse en una política pública, mientras que, para otro, esta debe ser controlada o reducida. Ello dependerá del tipo de gobierno que llegue al poder.

• Políticas sectoriales son las que se atribuyen específicamente a una cartera y afectan a su ámbito particular. El artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establecer que son “el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y social específica pública o privada.” Y se aprueban por Decreto Supremo.

• Políticas multisectoriales son aquellas que son influidas por varios sectores, cada uno en su ámbito de aplicación. Así, por ejemplo, la seguridad nacional está confiada a un sector (Defensa), mientras que las políticas de seguridad en el transporte interprovincial están coordinadas por Interior y Transporte.

• Políticas transectoriales cuando se encuentran transversalmente en los diferentes sectores del gobierno, como es el caso de la política ambiental o de la política de equidad de género.

• Políticas nacionales son las que tienen eficacia a nivel nacional, como las políticas de Defensa e Interior. El artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo las define como aquellas que “definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal  desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno”. Se aprueban por Decreto Supremo.

• Políticas regionales se aplican al espacio de la jurisdicción, tales como las políticas de la minería artesanal.

• Políticas locales son las que corresponden a las municipalidades, como es el caso de las políticas de gestión de residuos sólidos.

Podríamos decir que es un trabajo pendiente que la Secretaría de Gestión Pública nos ayude con una clasificación más completa, constitucional y, por supuesto, operativa, útil para la toma de decisiones tanto como para el análisis. Estaremos a la espera y aportando desde aquí. Por lo pronto, seguiremos investigando.

Lima, mayo de 2011.

Carlos Alza Barco[1]

carlos.alza@pucp.edu.pe

Una reciente noticia dada a conocer por RPP[2] ha suscitado gran preocupación entre los vecinos y vecinas. En varios distritos de Lima, sus Alcaldes y respectivos Concejos aprobaron, al finalizar el 2010, un notable aumento en el valor de los arbitrios. En el caso de Pueblo Libre, el incremento ascendería a “68,3% para parques y jardines, 52,9% en serenazgo y 16,1% en recolección de residuos sólidos.”

http://radio.capital.com.pe/informativocapital/files/2009/04/arbitrio.jpg

La noticia generó comentarios en facebook, twitter, la página de El Comercio y varios vecinos y vecinas se han acercado a preguntarme ¿Puede hacerlo? ¿No es  arbitrario? ¿Qué debería ocurrir para que estos cobros sean legales? No cabe duda que habiendo tenido lugar, recientemente, las elecciones municipales, los vecinos y vecinas tenemos todo el derecho de pedir aclaraciones, de exigir transparencia y, de ser el caso, los mejores servicios. ¿Se anunció acaso este aumento de arbitrios? ¿No será que hay una profunda ineficiencia en la gestión local que busca soslayarse? La teoría le llama a esto: exigir mayor accountability (rendición de cuentas).

Recordemos que los arbitrios son tributos que como ciudadanos y ciudadanas debemos pagar ante la municipalidad por los servicios efectivamente recibidos de limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo. No se pagan igual en todos los distritos, pues responden a realidades distintas, es decir, no existe uniformidad en los montos.

Sin embargo, tampoco pueden ser arbitrariamente fijados. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto (STC 041 y 053-2004, entre otras), también la Defensoría del Pueblo[3], y la doctrina ha generado abundante literatura sobre este tema. Se supone –y lamentablemente, en muchos casos, sólo se supone- que cada gobierno local realiza un análisis de los costos que le genera brindar los referidos servicios. El monto a pagar debe ser, por tanto, aquél que permita cubrir los costos del servicio efectivamente brindado.

La municipalidad que decida el aumento en los arbitrios tiene como plazo hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en que debe publicar la Ordenanza que establece el referido aumento, explicando claramente los costos que justifiquen el citado incremento. La Ordenanza No. 351, del Municipio de Pueblo Libre[4], fue publicada en El Peruano el último día del año, aunque recién el 04 de enero fue colgada en el portal del Municipio

El alza de los arbitrios afecta al ciudadano que tiene que pagar el tributo y muchas veces no recibe un servicio óptimo. Recordemos que el índice de criminalidad ha aumentado, que hay problemas con el recojo de la basura por la mayor cantidad de familias viviendo en los nuevos edificios, y no es menor el hecho de que vamos disminuyendo áreas verdes en  toda la ciudad, y más bien se incrementan, por ejemplo, peligrosamente los grifos.

Pero también genera otros impactos. Un negocio, por ejemplo, tendrá que asumir mayores costos tributarios, que deberá trasladar al cliente a través del precio de los servicios o productos. Es obvio que sus costos aumentan. Esto eventualmente podría desincentivar la inversión, el consumo y, por supuesto, puede tener impactos económicos importantes. Por ello, antes de decidir el aumento de los arbitrios se debe hacer un análisis de impacto económico que busque no perjudicar al ciudadano, sobre todo a los de menos recursos.

También es importante que se establezca claramente los criterios para otorgar los beneficios tributarios a los vecinos/as. Es lo que durante nuestra campaña electoral llamamos un Sistema Tributario Justo. Los arbitrios no gravan la capacidad adquisitiva del contribuyente, sino el servicio recibido. Pero…¿recibimos acaso todos los mismos servicios?, ¿con la misma calidad?, ¿son los servicios realmente buenos?, ¿mejorarán con el aumento de arbitrios? Sólo se debe cobrar el servicio si es que éste se recibe efectivamente. Sólo para citar un ejemplo, algunos vecinos del parque Santa Isabel hacen su “chanchita” para arreglos del parque y su cuidado. ¿No debería hacerlo el municipio? Muchos vecinos pagamos guardianes y vigilantes privados ¿No deberíamos tener un mejor sistema de seguridad distrital para evitar estos gastos adicionales?

Debe existir no sólo una correspondencia entre el incremento y el servicio efectivamente recibido, sino sobre todo una justificación técnico-económica. La autoridad edil, el Alcalde y sus regidores y regidoras, deberá planificar estrategias transparentes y muy técnicas al respecto. La Ordenanza contiene una serie de datos y muestra los costos fijos, directos e indirectos. Habrá que estudiarlos con detenimiento.

Le corresponderá ahora al nuevo Concejo y a los regidores cumplir su papel fiscalizador. Se anuncian 259 efectivos de serenazgo. ¿Estarán efectivamente en las calles? ¿Realizarán un trabajo coordinado con la Policía? ¿Será una estrategia adecuada para superar el problema de la inseguridad? En otros distritos, el municipio apoyó las labores administrativas que realizan los policías en las comisarías, para que así los efectivos puedan salir a las calles. Por otra parte, con el aumento en parques y jardines, nuestro distrito debería ser el distrito verde de Lima por excelencia. Sin embargo, esperamos que no se sigan diseñando y remodelando parques quitando área verde a la ciudad. Además, sería mejor tener un sistema participativo de ecoeficiencia en los hogares, que seguir recogiendo las 87 toneladas diarias de basura en el distrito.

Entonces, ¿no habrá que pensar más estratégicamente la gestión municipal antes de andar trasladando las ineficiencias de gestión a los vecinos y vecinas a través del incremento de los arbitrios? Que rinda cuentas ante el Congreso de la República[5], órgano que debe fiscalizar y analizar técnicamente estos estudios de costos. Pero a los vecinos y vecinas también nos corresponde estar atentos. El Municipio debería convocar a las Juntas Vecinales, a los Presidentes Zonales y a todo vecino y vecina interesada en una gran Audiencia Pública abierta, para explicar con amplitud estas decisiones, y hacerse responsable de que los servicios realmente sean prestados en condiciones óptimas. …¡Seguiremos vigilantes!

Carlos Alza Barco

Profesor de Políticas Públicas, PUCP

carlos.alza@pucp.edu.pe

Se inicia una clase de Políticas Públicas a mediados del semestre. Un alumno me dice: “Carlos, no termino de entender a qué se refieren con instrumentos de política”. Yo le contesto. “No te estreses. Muchos funcionarios y profesores tampoco.” Me comprometo, entonces, a escribir un pequeño post sobre el tema y reactivar así mi blog “Valor Público”, postergado durante la campaña electoral municipal.

Hemos dicho en clase varias veces que, frente al enfoque racional de elaboración de políticas, que considera a las mismas como un curso ordenado de acciones que parten de identificar el problema, los objetivos y las alternativas de solución, para luego ejecutarlas y evaluarlas; surge este enfoque más procesual en el que se aprecia mejor la conflictividad política que le es inherente a su formulación. Consideramos a las políticas públicas –siguiendo a Subirats (1996) y a LIndblom (1991) en este punto- como procesos de decisiones públicas (les pido a los alumnos/as recordar el concepto que sobre decisión pública da Mény, 1992) orientadas a resolver problemas de los ciudadanos o de la comunidad, a través del uso de la autoridad estatal y en un entorno complejo, lleno de actores diversos, que interactúan permanentemente cumpliendo diversas funciones en la agendación, el diseño, la implementación y la evaluación.

El alumno me interroga una vez más diciendo: “De acuerdo, entonces las políticas son procesos de decisiones para resolver problemas. ¿Dónde aparecen los instrumentos? ¿Son acaso los medios que me permiten resolver dichos problemas? (Me queda claro que el alumno va entendiendo). Continúo.

Siguiendo a Evert Vedung (1998: p.3-4), diremos que los instrumentos de políticas son un conjunto de técnicas a través de las cuales las autoridades gubernamentales usan su poder para intentar cambios en la sociedad. Se trata de concretas y específicas formas operativas de intervención de las autoridades públicas. A través de los instrumentos de política sabemos cómo se está interpretando e implementando una política determinada.

Así, hay instrumentos de política externa, vale decir, aquellos que se orientan a impactar en el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas, y que, por tanto, implican mecanismos de influencia social en la comunidad. Y por otro lado hay instrumentos de política interna, que buscan impactar en la conducta social de los funcionarios y servidores públicos, como las políticas de personal, manejo del presupuesto y las reformas de organización administrativa.

Cabe recordar que Vedung (1998: p.7-8) también intentó una clasificación de los instrumentos de política:

• regulación (el látigo),  con estos instrumentos se busca influenciar en el comportamiento de los sujetos a través de reglas y directivas. Lo que Baldwin llamaría Comando y Control. Se obliga a que los sujetos actúen de determinadas formas, de acuerdo a la regla, estableciéndose una relación de autoridad entre el Estado y el sujeto obligado a ser controlado por la regla y el órgano encargo de su exigibilidad. En la doctrina del derecho administrativo a esto se le llamó el “Estado gendarme”, “Estado Policía”.

• instrumentos económicos (la zanahoria), Se trata de recursos que no son obligatorios de acuerdo a la norma, pero que persuaden o motivan a los actores a ser realizados por el premio que esto implica. El caso más conocido es el de los subsidios.

• la información (el sermón), esto sería una forma más moderna de intervención (yo tengo mis dudas de que sea tan moderno), previniendo la conducta no deseada a través de la información, capacitación, argumentos, comunicación y persuasión. Por ejemplo , las campañas como el Amigo Elegido en el transporte, o la de lavarse las manos para prevenir la contaminación.

La gran pregunta que viene después por parte del alumno es: ¿Y cómo se expresan esas decisiones? ¿Un instrumento de política que se ha decidido usar cómo se expresa en la realidad? –y ya con desesperación me dice- Es decir, ¿dónde la encuentro?  ¿Cómo toma forma en la realidad? ¡Excelente! –contesto. Esta pregunta me da pie a explicar que la voluntad del Estado, la decisión pública y el instrumento de política que se haya decidido usar, se expresa a través de diversos dispositivos que el ordenamiento jurídico y la práctica de la gestión (muchas veces informal) le otorgan. Así podríamos decir que hay tres tipos (Alza: 2010):

• Dispositivos aspiracionales, para dar guías o marcos generales para la posterior elaboración de políticas concretas, para dar orientación a las decisiones públicas. Un ejemplo concreto en el espacio peruano es el Acuerdo Nacional, o los Lineamientos de Políticas de Juventud que se aprobaron en el PROMUDEH (hoy MIMDES), o el vigente aún, pero desconocido para muchos, Decreto Supremo No. 027-2007-PCM, que aprueba las Políticas de Obligatorio Cumplimiento para el Estado Peruano.

• Dispositivos operacionales, aquellos que constituyen herramientas de desarrollo de los dispositivos aspiracionales. Por lo general contienen actividades concretas, plazos, presupuestos y responsables. Por ejemplo, en el caso peruano esto se representa en los planes nacionales, sectoriales, regionales o locales, en los planes operativos anuales –más conocidos como POAS-, las normas legales que aprueban Reglamentos de Leyes más generales (o aspiracionales).

• Dispositivos organizacionales, cuando se crea, fusiona,  escinde o elimina sistemas y subsistemas organizacionales, vale decir, órganos, organismos, unidades ejecutoras, para que  se hagan responsables del diseño, la implementación o la evaluación de la política. Tal es el caso, para seguir aterrizando estos conceptos en el Perú, de la creación del Ministerio del Ambiente o de Cultura, del Programa Agua para Todos, del Comité Especial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, etc.

Visto así, sospecho yo, mi alumno se fue más tranquilo. Imagino que pensando en la complejidad de definir las políticas públicas, sus instrumentos y sus dispositivos. Y es que como diría Giandomenico Majone (1997), las políticas no son un fenómeno autodefinido, son más bien unidades de análisis que hay que construir a partir de modelos  teóricos, enfoques y, por supuesto, criterios técnicos y políticos que los analistas y formuladores deben manejar. Lo que me resulta claro a este punto es la necesidad de construir un aparato conceptual para el país, que vaya reordenando conceptos y nos permita a: analistas, académicos, funcionarios y autoridades electas, deliberar y construir mejores políticas públicas.

Bibliografía

• ALZA, Carlos. Diseño de políticas públicas en derechos humanos [diapositivas]. Maestría en Derechos Humanos PUCP, Lima, 2009. Consulta: 5 de mayo del 2010.
• LINDBLOM, Charles E. El proceso de elaboración de políticas públicas. Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1991.
• Marie-Louise Bemelmans-Videc, et al. Carrots, sticks and sermons: Policy instruments and their evaluations. 1998, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.
• MAJONE, Giandoménico. Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1997.
• MENY, Ives & Jean-Claude THOENIG. Las políticas públicas. Ariel Ciencia Política. 1992.
• SUBIRATS, Joan. Análisis de políticas públicas y gestión pública: promesas y riesgos de una vida en común. En SUBIRATS, Joan y Joaquim BRUGUÉ (coordinadores). Lecturas de gestión pública. Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1996, p. 144.

Por: Carlos Alza Barco

Los alumnos reciben el caso titulado “Nombrando al Director del Ministerio de Cultura”. Obviamente un caso ficticio (en el Perú aún no hay el mentado Ministerio), que escribí ad-hoc para mi curso de la Escuela de Gobierno – PUCP. Discuten en grupos y asumen el papel de asesores del Ministro. Tienen que nombrar a un funcionario como Director General de Patrimonio Cultural.  La base teórica la ofrece Sidney Verba, con su texto El Liderazgo. Grupos y conducta política. Madrid: RIALP, 1968.

Me siento reconfortado. Ya he dictado este curso varias veces y en todos los casos los alumnos y alumnas responden positivamente al debate propuesto. Intervienen con entusiasmo, vehemencia y de manera informada -no todos pero uno se da cuenta y califica la participación, no lo duden. Lo más importante, obtenemos conclusiones y aprendemos de la experiencia haciendo dialogar la teoría y la práctica.

Se me ha hecho complicado encontrar textos académicos sobre liderazgo en el sector público. De hecho lo poco que existe es más del corte general o tipo best-seller o manual de bricolaje, hágalo usted mismo, o los ocho pasos para gobernar su mundo interior. Pero hay textos que insisten en el mundo privado, y también textos extranjeros que han estudiado seriamente las administraciones públicas. Busco oportunidad para estudiar estos aspectos en algún espacio del sector público. Si alguien tiene textos sobre el tema: bienvenida la referencia (al estilo PUCP).

En todo caso, la discusión de hoy miércoles en el Curso: liderazgo y habilidades directivas para la administración pública fue interesante. La gran pregunta ¿quién debe dirigir? se responde a través del caso. Conceptos como función instrumental y función afectiva del liderazgo, liderazgo innovador, o liderazgo conformista, fueron útiles y bien aplicados.

En efecto, mientras algunos consideran el liderazgo como congénito y otros se debaten en el dilema del huevo o la gallina para definir si la sociedad hace al líder o el líder a la sociedad, Verba nos plantea un enfoque del liderazgo como fenómeno social, como una función de grupo. Nos dice en la página 158, citando a Pigors, que “el liderazgo es un proceso de estímulo muto que, mediante el juego mutuo de importantes diferencias individuales, controla la energía humana para la consecución de una causa común. Se puede llamar jefe a cualquier persona durante el tiempo en que su voluntad, sus sentimientos y su intuición controla a los demás en pro de la causa que ella representa”.  Hoy obviamente cuestionaríamos esta última parte que considera al jefe como alguien que influye o manipula a los  demás para conseguir el fin. Pero se debe poner atención –como lo dice Verba- en que efectivamente el liderazgo no es un rasgo poseído por un individuo sino por un proceso colectivo relacionado con el funcionamiento del grupo. Que alguien ejecute estas funciones directivas en un espacio no significa que los vaya a ejecutar en otros. Porque el liderazgo no depende sólo del líder, sino del grupo que lo reconoce como tal.

Afirma Verba, citando varios ejemplos y autores, que el líder en el grupo cumple un doble papel. Por un lado, cumple una función instrumental de guiar al equipo al logro del fin. Y por otro, de mantener la “satisfacción del os miembros del grupo mediante…” (p. 191) la unidad del grupo, la cohesión, el trabajo en equipo. A esto último le llama la función afectiva.  No resulta difícil imaginar que los gerentes públicos también trabajan hacia adentro. Pero no tanto como hacia afuera. Por lo menos no parece ser la generalidad. Decía Mark Moore que también se genera valor público cuando uno construye institucionalidad, organizando sistemas administrativos que funcionen para brindar los bienes, servicios y la confianza que a su vez también son expresiones del valor público y que llenan o satisfacen las expectativas ciudadanas.

Uno de los elementos más interesantes de aplicar estos conceptos a la gestión pública, es la cantidad de tropiezos que uno encuentra. Por ejemplo, la función afectiva requiere un tiempo que el gerente público a veces no tiene. Es difícil generar una política interna de manejo del grupo, con un grupo de alta rotación por la influencia política. Y tienes, además, la debilidad de un sistema administrativo altamente rígido y persecutor que impide la innovación. Pregunto ¿Cómo lograr que ambas funciones, la instrumental y la afectiva, puedan ser cumplidas en el sector público? ¿Qué tendría que hacer el gerente público para lograrlo?

Anuncio: en unos dias aparecerán colgados, en la zona “Alumnos trabajando”, los posts de los alumnos y alumnas del semestre pasado sobre liderazgo en el sector público; estamos en edición.

Carlos Alza Barco

Pasaron los premios Oscar. Hubo cita en Plaza de Armas para expresar el apoyo a la cinta nacional. Comentarios de los conocedores han ido y venido en la prensa y la blogósfera. Y también de los que todo lo desconocen, lo critican, y de los incomprendidos, incomprensibles e incapaces. El comentario mañana será que la Teta Asustada pasó a ser la Teta Choteada.

Milk of Policy

Quienes vieron la película queriendo encontrar allí el realismo francés o la leyenda china, obviamente fracasaron y tuvieron la mayor decepción. Quienes buscaron en ella una explicación sociológica o la verdad política a la guerra interna, seguirán buscando y nunca encontrarán. De eso no trata. Esos otros que buscaron explicación a la chica del vestido con globos, siguen en el desconcierto. Y seguirán igual. Nada de eso parece haber en la obra de la chica Llosa. Su rollo es otro, hizo lo que quiso y lo que le salió, con lo que pudo. Así es el arte, y así (sobre todo por la parte de “con lo que pudo”) es el arte en nuestro país.

El problema no es el premio ni el contenido de la película. Fui a ver el sábado los Abrazos Rotos. Comenté con mi fiel amiga cinéfila, el expreso apoyo del Gobierno Español al cine en la península. El suceso de siquiera tentar un Oscar –porque no deja de serlo y de ser un mérito enorme haber llegado allí y a Cannes y a otros importantes encuentros de cine- debe conducirnos a pensar en las políticas culturales y, en particular por supuesto,  en las políticas orientadas al apoyo al cine nacional.

En el Congreso se promueve un proyecto. Habrá que estudiarlo y discutirlo ampliamente. Al parecer propone que la mitad del 10% que pagan las salas de cine a las municipalidades por recaudación de entradas se destine a un fondo especial: El fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica Peruana (PROCINE). Este fondo sería administrado por CONACINE. Este dinero serviría para producir largometrajes y cortometrajes, así como para darle vida a un archivo nacional de películas y realizaciones audiovisuales creadas en el Perú. Debo recordarle que hay obligación de que toda producción en video vaya a la Biblioteca Nacional. De hecho la Ley habla de material cinematográfico, así como del Centro Bibliográfico Nacional. No hay que crear más burocracia, sino hacerla funcionar eficiente y estratégicamente.

En todo caso -repito- es momento de empezar a fortalecer nuestras políticas culturales. Y hablo de políticas públicas, no sólo de normas legales, que son en realidad un instrumento de política.  Insisto en mis clases en que las políticas públicas son procesos de decisión pública, en la que el Estado involucra su autoridad para tomar decisiones destinadas a resolver problemas considerados valiosos para el ciudadano. Decisiones que va desde definir que hay un problema, y que ese problema debe ser resuelto por el Estado.

El acceso a la cultura es un derecho, así lo reconoce nuestra Constitución. Y el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que existe una Constitución Cultural en nuestro país. La Constitución obliga a que el Estado tome decisiones públicas. No estamos diciendo que el Estado deba hacer cine necesariamente (el Principio de Subsidiariedad -artículo 6 de la Constitución- nos amarra ya), pero si tiene que ser un actor central para garantizar y promover el derecho a la cultura de sus ciudadanos y ciudadanas. Queremos ver buen cine, queremos hacer cine en el Perú, y el cine puede ser un recurso para el desarrollo del país. Hay que ver más lejos. El cine también es arte y cultura, pero también es de esas artes que han creado industria. Creatividad e ingenio no nos faltan. Apuesto por la cultura, por las políticas culturales, y considero que no haber obtenido la estatuilla en los premios Oscar, debe ser ocasión para colocar este tema en el espacio de la discusión. Hay que tomar decisiones, aprobar normas, elaborar reglamentos, pero también hay que aprobar presupuestos, crear órganos y organismos si son necesarios, entre muchas otras medidas. En síntesis, hay que hacer política pública. Que el síndrome del Milk of Sorrow, se convierta hoy en el Milk of Policy que nuestro país necesita con urgencia.

Carlos Alza Barco

carlos.alza@pucp.edu.pe

Profesor PUCP

James Cameron acaba de estrenar AVATAR. Sam Worthington y Zoe Saldaña, no tan conocidos, van acompañados por la célebre Sigourney Weaver. Después de verla, me preguntaba si nuestras autoridades tuvieron acceso al guión antes del denominado Baguazo. Por momentos tuve la sensación de que el Perú estuvo cargo del trailer de esta película al darle vida a casos como Bagua, Majaz, Río Corrientes, los problemas de superposición de lotes petroleros a áreas naturales protegidas, el problema con el Bahuaja Sonene, los Matsés, los Kugapakori Nahua, entre muchos otros casos que han devenido en conflictos socioambientales con violencia de por medio.

Según el Director de la película, este no será un éxito de los primeros días; sino más bien uno que se apreciará a partir de las semanas 3 y 4, en adelante. ¡Claro! Él mismo admite que es un tema complejo, estructurado para cuestionar –si bien con cierta simpleza argumentativa y efectos especiales en color pastel– el conflicto entre culturas, entre modelos de desarrollo. La película expresa bien el ánimo desesperado por la inversión, y la brutalidad con la que se actúa frente a lo diverso y diferente. Por un lado, los indígenas buscando proteger su entorno, sus creencias, sus formas de vida, y por el otro, el mundo de occidente, desesperado por “extraer” mineral a costa de una masacre además depredadora de faunas y bosques. Imagino que es aquí donde cabe la frase “cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia”.

La película vista en paralelo con el caso Bagua tiene enormes similitudes. Un Estado cuyo modelo de desarrollo es básicamente extractivo de recursos naturales con tanto valor económico que justifican cualquier (tipo de) intervención. El “indígena” debe “moverse a otras tierras” (Cerro de Pasco, estuviste presente!) para dar lugar al “desarrollo”. Un grupo de científicos creando avatares que se infiltran en el sistema para lograr el denominado “indio permitido” (me referiré a esto enseguida) y evitar la insurrección. En el medio, una historia de amor, como las muchas que seguramente dejaron policías, indígenas y otros ciudadanos que fueron víctimas en los sucesos de junio. Es lamentable, pero esas son las historias que nadie cuenta, y que agudizan el drama. Padres que pierden a sus hijos, hijos que pierden a sus padres, novios, esposas, amigos… como dice la Defensora del Pueblo, “cuando el conflicto se torna violento, todos perdemos”. Y, por supuesto, los funcionarios dispuestos a arremeter con gas lanzado desde helicópteros futuristas, incomprensión absoluta sobre el valor de bosques y faunas. Negación y desprecio por los diferentes inundan las escenas. Y –sin embargo- siempre algunos disidentes de ese sistema agresivo, dispuestos a cuestionarlo. Los distópicos que nadie quiere.

Pero este filme que costó 237 millones de dólares en producción y 150 millones en comercialización, pone sobre el tapete la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas que perviven en nuestro país y, en general, en nuestro planeta. Lo que ocurre en el Perú es sólo una expresión más de lo que viene ocurriendo en el mundo entero. Hace poco menos de dos meses estuve en Barcelona, en un Curso internacional sobre conflictos y pueblos indígenas. Me tocó exponer el caso peruano: “Bagua”. A los africanos, latinoamericanos, europeos y asiáticos que allí nos dimos cita gracias a la invitación del System Staff College de las Naciones Unidas, nos cruzaba el mismo meridiano: pueblos indígenas avasallados por el sistema, por las reglas; procesos e instituciones construidos a partir de la monocultura de occidente, incapaz de ver sin otros lentes que los del crecimiento económico.

Uno de los temas interesantes en el taller fue recordar la teoría del “indio permitido”. AVATAR me recordó también esta teoría.  En términos de Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana, muchas veces las políticas buscan un determinado tipo de indígena, aquel que acepta sumiso las propuestas del sistema. Usa la palabra indio porque enfatiza claramente el desprecio con que los Estados miran al indígena (cfr. Richards, P.). El “indio permitido” es pues aquel que está aprobado y validado por el gobierno, que no cuestiona las políticas públicas, que no demanda más, es aquel… que acepta. En ese sentido, queda prohibido el “indio insurrecto”, es decir, aquel que no está de acuerdo con el sistema, aquel que “se opone al desarrollo”, el “perro del hortelano”, el “indígena terrorista” o “vinculado con los narcos”, aquel que será condenado y sometido por la fuerza. Como afirma Patricia Richards, es aquel que dice no voy a consentir tus políticas multiculturales que no tienen sustancia. Ese es el indio que el Estado niega, gasea y mata.

Los Achuar, Matsés, Nahuas o las comunidades en Huancabamba,  todas ellas son aceptadas si están dispuestas a negociar educación intercultural bilingüe, salud intercultural, justicia y uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o desarrollo y crecimiento económico. Si no nos dan problemas. Pero algunas reclaman autonomía para la toma de decisiones, y en respeto de esta, poder negarse a aceptar actividades extractivas en su zona. Exigen no tanto acceder a servicios básicos típicos, sino la garantía de que cualquier actividad autorizada por el Estado no ponga en riesgo la vida de sus miembros, de sus hijos, padres y esposas/as. Es innegable que la compatibilidad de las actividades extractivas con otras como la agropecuaria, es posible hoy en día. ¿Qué se requiere? Un Estado regulador, fiscalizador y garante de los derechos de sus ciudadanos. Pero decidir parece estar negado a determinados grupos. El modelo es así, aquí terminó la historia. Si no quiere quedarse dentro del modelo entonces no tiene voz, es un “opositor al desarrollo”. Me pregunto qué diferencia este sistema al del clásico 1984 de Orwell.

Solemos pensar el desarrollo en términos nuestros. Sacrificando a los otros. No me cabe duda que detrás del problema de Bagua está una crisis entre los modelos de desarrollo existentes. Y no son pocos. Pensar idílicamente en el “movimiento indígena” no ayuda. También tiene sus debilidades, liderazgos huecos, dispersión temática, deficiente capacidad de propuesta, e intereses políticos (legítimos, por cierto) que priman en las negociaciones (no tan legítimo). Las comisiones vienen trabajando para darnos la “verdad” de los hechos. ¿Quién disparó primero? ¿Quién ordenó la intervención? ¿Cuántos muertos hubo realmente? Todo eso es importante y urgente, pero no estamos discutiendo lo trascendente e indispensable: la lógica, la mirada con la cual estamos construyendo el país. Siempre he dicho que cuando se trata de la propiedad de cuatro familias citadinas, el país se levanta y los medios acusan al gobierno de afectar sus derechos. Cuando se trata de los pueblos indígenas, entonces el derecho a la propiedad se flexibiliza, se debilita a favor del “desarrollo del país”. Seguimos viendo a los pueblos indígenas como los otros, y no como “prójimo”, los vemos como aquellos “insurrectos” que impiden “nuestro desarrollo”. Se requiere un Estado intercultural. No hay duda. La pregunta es ¿cómo lo logramos?

Lima, 18 diciembre de 2009

Somos cuatro. Discutiendo sobre la vida, el amor y el sexo. Las risas van y vienen. Pedro, lleno de tribulaciones, recuerda los celos de su “gata fiera” y los presuntos conflictos psicoafectivos de su mejor amigo; acaba de cumplir 24 y terminó la universidad. Ahmed, 26 años, propone un brindis por las mujeres vírgenes y recuerda con cariño a su ex novia hoy migrante en Madrid. El silencio inunda el espacio. Luego vienen las risas. El tercero, José Augusto, un maestro de 50, nos narra su outing frente a la madre y las hermanas a los 45 y un tórrido romance con su novio guatemalteco. El cuarto tiene 35 años. Como dice su facebook, “alguien que busca, no encuentra, lo encuentran y sigue buscando”. Pero nada de tristezas, las risas vuelven al unísono mientras el vino se ventila en las copas por tan sólo unos minutos antes de ser consumido. La discusión sobre la moda, “El Padrino”, Charly, la Navidad, los sueños y la Gestión Pública no para. Una gran noche.

¿Qué tienen en común cuatro hombres de edades diferentes en un bar de Miraflores (Babilonia bar & lounge. Valga el publicherry!)? Los problemas de pareja, los amigos y sus conflictos, las búsquedas y las identidades no resueltas, de uno o de los otros, los celos, la esperanza, el horizonte sobre una vida que unos recién empiezan, creyendo conquistarlo e inventarlo todo; y que otros … reconquistan y reinventan a los 30, a los 40 o a los 50. No hay límite.  La música suena: Pet Shop Boys, Madonna, Erasure –todo en versión electrónica- y los infaltables Micrófonos (dejaré por ahora los tambores que tanto entusiasmaron a los jovenzuelos y –debo admitirlo Ahmed- sí, es una canción pacifista pues las bombas no tienen micrófono!!).

Algunos amigos –y especialmente los mejores- suelen cuestionar por qué tiendo a rodearme de personas con edades muy diferentes a la mía. Mayores o menores. “Y lo peor: los mezclas”, me dicen. Pareciera que hay una aversión a la pluralidad generacional. Y pareciera también que hay la convicción de que la brecha generacional es insuperable. Menosprecio de los jóvenes por inexpertos, satanización de los adultos por responder a tradiciones caducas. Ocurre pero no son absolutos.

Todo esto se traduce también en la política, en la administración pública y también, pero mucho menos, en la gestión empresarial. Quizá debamos aprender también de ella. La juventud en el sector público sigue siendo para muchos un demérito más que un mérito. La percepción de que la probabilidad del error se acentúa durante la juventud no siempre es verdad. Por el contrario, en el sector privado, normalmente, los jóvenes son sinónimo de innovación, creatividad y, sobre todo, renovación permanente de energías. No son pocos los casos de ministros, directores, gerentes o alcaldes, cuya juventud ha significado un aporte sustancial en términos de innovación en la gestión y la regulación.  También hay de los otros. Lo que a veces falta en la juventud es la modestia de reconocer que hay una historia que les antecede y de la que se tiene que aprender. Necesitamos, sin embargo, que jóvenes ingresen más pronta y responsablemente al sistema político y a la administración pública. Es indudable el mérito del ímpetu, así como de la experiencia.  Compartía estas ideas hace poco en el Encuentro Nacional de Actores Políticos – ENAP 2009, en Trujillo, mientras intentaba esbozar, a su solicitud, algunas líneas de política para el próximo quinquenio.

Creo que me desvié del tema. Lo que quería compartir, en todo caso, es la idea de que quizá sea, precisamente ésta, la razón que explica mi insistencia: la riqueza que encuentro en el compartir historias que nos dicen mucho de la vida que alguna vez vivimos, o que viviremos. La evidencia de que en ese compartir florecen las más claras coincidencias sin importar edad. Respecto de la vida que vivimos hoy, sólo queda eso, compartirla con gracia y libertad, tomando un buen vino, compartiendo una tabla de quesos y seguros de que la amistad sincera supera cualquier diferencia de edad.

La blogósfera hoy aparece movida. El Presidente Obama acaba de emitir un memorandum por el cual en un plazo de 90 dias todas las agencias federales de USA tendrán que presentar su plan de implementación de procesos de consulta a los pueblos indígenas.

Fue Clinton el que firmó la Orden Ejecutiva No. 13175, sin que haya sido implementada hasta ahora de manera plena en los Estados Unidos.

Obama firma memorando para consulta a indígenas

“La historia ha demostrado que el fracaso en tomarse en cuenta los planteamientos de las autoridades indígenas para la formulación de políticas que interesen a sus comunidades ha producido resultados frecuentemente indeseables y, en ocasiones, devastadores y trágicos.“

“Nosotros sabemos la historia que compartimos. Es una historia de violencia, de enfermedades y privación. Tratados que fueron violados. Promesas rotas”. Según se informa, la situación de las comunidades es crítica aún en muchas zonas de los Estados Unidos. Les falta servicios deelectricidad y agua potable, y tienen altas tasas de desempleo en algunas comunidades.

Obama dijo: “Sin una comunicación y consulta real, estamos entrampados año tras año con políticas que no funcionan para ustedes y sobre temas amplios que nos afectan a todos, y ustedes merecen tener una voz ahí”.

En la Casa Blanca hay una consejera para la Oficina de Asuntos Indígenas que es representante de la nación Cherokee. También  hay una directora de la Oficina de Servicios Médicos dentro del Departamento de Salud que es de la nación Sioux.

Ojalá en nuestro país hubiera una decisión así de clara, y al más alto nivel, de compromiso para la implementación de estos procesos. Todavía falta analizar bien los contenidos de este memorando y la voluntad política del gobernante. También es cierto que la realidad puede ser distinta, pero las voluntades en lo político y en lo ético para la vigencia real de los derechos de los pueblos indígenas es fundamental. En unas horas viajo a Barcelona, a participar del evento sobre Pueblos Indígenas y Construcción de la Paz de las Naciones Unidas. Presentaré las principales lecciones que nos deja el caso Bagua. No cabe duda que una de ellas es la necesidad y la urgencia de desarrollar el tema de la consulta, pero no como un mero formalismo ni como una forma de legitimar las decisiones de los Estados, sino como un mecanismo que realice e incorpore la voz de los que hasta ahora fueron históricamente excluidos e invisibilizados. Ya les comento desde allá las conclusiones.

Les copio el memorando que ya circula en internet, traducido por Victor Toledo y  Bartolomé Clavero.

TEXTO DEL MEMORANDUM

Memorandum
Para los directivos y directivas de los organismos y agencias del poder ejecutivo

Los Estados Unidos mantienen una relación jurídica y política de carácter singular con los gobiernos comunitarios indígenas, relación establecida y confirmada por la Constitución de los Estados Unidos, así como por tratados, leyes, disposiciones reglamentarias y decisiones judiciales. En reconocimiento de esta relación especial, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.175 del 6 de noviembre de 2000, los organismos y agencias del poder ejecutivo deben asumir el compromiso de actuar mediante consultas regulares y significativas, en colaboración con las autoridades indígenas, para el desarrollo de políticas federales que afecten a sus pueblos, y deben cumplir con la responsabilidad del fortalecimiento de la relación de Gobierno a Gobierno entre los Estados Unidos y los pueblos indígenas.

La historia ha demostrado que el fracaso en tomarse en cuenta los planteamientos de las autoridades indígenas para la formulación de políticas que interesen a sus comunidades ha producido resultados frecuentemente indeseables y, en ocasiones, devastadores y trágicos. Por el contrario, un diálogo significativo entre representantes federales y autoridades indígenas ha conducido a sustanciales mejoras de la política federal hacia los pueblos indígenas. La consulta es un elemento crucial de una relación sana y productiva entre la Federación y los pueblos indígenas.

Mi Gobierno ha asumido el compromiso de consular a las autoridades indígenas y colaborar con ellas para la adopción de decisiones políticas que afecten a sus pueblos, incluyendo, como paso inicial, la aplicación completa y sistemática de la Orden Ejecutiva 13.175. En consecuencia, directamente ordeno a los directivos o directivas de todas y cada una de las agencias que presenten al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB), en el plazo de 90 días a partir de la fecha de este memorando, un plan detallado de acción que la agencia habrá de adoptar para la puesta en práctica de las políticas y las directrices de la Orden Ejecutiva 13.175. Este plan se elaborará previa consulta de la agencia con los pueblos indígenas y sus autoridades conforme se especifica en la misma Orden Ejecutiva 13.175. También ordeno a cada directivo o directiva de agencia que presenten al Director de la OMB en un plazo de 270 días a partir de la fecha de este memorando, y luego anualmente, un informe sobre el progreso y el estado de cada acción prevista por el respectivo plan junto con las propuestas que convengan para su actualización.
El plan y los subsiguientes informes de cada agencia designarán a un funcionario competente para coordinar la aplicación del plan y la preparación de los informes de evaluación previstos en el presente Memorandum. El Asistente del Presidente en Política Interior y el Director de la OMB deberán supervisar los planes de las agencias y los informes consecutivos a fin de verificar su coherencia con las políticas y directrices de la Orden Ejecutiva 13.175.

Además, el Director de la OMB, en coordinación con el Asistente del Presidente en Política Interior, deberá presentarme, en el plazo de un año a partir de la fecha de este Memorandum, un informe sobre la aplicación de la Orden Ejecutiva 13.175 por todas las dependencias del poder ejecutivo de la Federación, informe basado en la supervisión de los planes de las agencias y de los respectivos informes de evaluación. Recomendaciones, de haberlas, para mejorar los planes y conseguir un proceso más eficaz de consulta indígena habrán de incluirse en tal informe.

Los términos “pueblos indígenas” (“Indian Tribe”), “autoridades indígenas” (“tribal oficials”), y “políticas que afectan a los pueblos indígenas” (“policies that have tribal implications”) son utilizadas en el presente Memorandum tal como se definen en la Orden Ejecutiva 13.175.

El Director de la OMB queda investido de la autoridad y sujeto a la obligación de publicar este Memorandum en el Diario Federal.

Este memorándum no pretende crear ni crea derecho o beneficio alguno, sustantivo o procesal, exigible en derecho o en equidad, para parte alguna frente a los Estados Unidos, sus organismos, agencias, funcionarios o funcionarias, empleados o empleados, agentes o cualesquier otras personas. Las dependencias y las agencias del poder ejecutivo deberán llevar a la práctica las disposiciones de este Memorandum en la medida que lo permita el derecho y de conformidad con las respectivas competencias legales y reglamentarias y mediante los procedimientos de mecanismos de aplicación igualmente legales y reglamentarios.

President Barack Obama
Washington, D.C

No cabe duda de que la realidad, en ocasiones, nos puede brindar, con mayor claridad, aquello que otros teorizan en sus escritos o disertaciones. He tratado numerosas veces de explicar a mis alumnos y alumnas cómo se toman las decisiones públicas, la relevancia de la deliberación en la identificación de las preferencias públicas, y de la legitimidad de la decisión pública en los organismos del Estado. En suma, cómo se hacen las políticas públicas.

La reciente decisión –controvertida e inoportuna- de la Comisión Revisora del Código Penal, relativa a la despenalización del aborto eugenésico y por violación, tanto como la reciente decisión –contradictoria y de impactos discriminatorios- del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día siguiente, son ejemplos concretos sobre la necesidad de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en su definición; y de la necesaria deliberación que debe ameritar el proceso de formulación de las políticas públicas.

Una comisión revisora es una comisión técnica, principalmente, pero no exenta de la discusión y la presión política, religiosa o económica. Por ello, precisamente, sus decisiones no pueden ser estrictamente jurídicas (el frecuente error de las comisiones que formamos en el país). Antes bien, tendrían que deliberar ampliamente, no sólo interna sino externamente, sobre los valores que circundan a la comunidad, las necesidades  de la población, en particular la más pobre, y motivar su decisión a través de argumentos sólidos que permitan conocer las razones de su decisión.

La evidente confusión generada entre despenalización del aborto y promoción del aborto, o la desinformación liderada por sectores conservadores sobre la jerarquía de derechos, como si la vida de uno fuese más importante que la de otros, nos muestra cómo una comisión revisora de normas (instrumento de política pública muy relevante), tiene un mandato más allá del voto a favor o en contra. Tienen una misión de propuesta regulatoria, pero esa misión no puede estar ausente de su labor pedagógica en la discusión pública de los temas que se someten a su revisión. En esto los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental para hacer el seguimiento permanente a estos procesos y aportar en la deliberación pública sobre las materias que se votan.

Giandomenico Majone explica cómo las decisiones de los gobiernos no se toman por ser las mejores, sino muchas veces por ser las mejor argumentadas. Científicamente, se prueba una y otra vez, se ensaya y se comete errores, y la certidumbre científica se logra a través del falseo permanente y perseverante de lo que puede ser el descubrimiento científico. En cambio, en la administración estatal no podemos hacer eso. Sería costoso, podría conllevar a afectaciones serias de los derechos y libertades de las personas, y requeriría un tiempo prolongado que no puede ser esperado por las urgencias de la sociedad para resolver sus problemas. ¿Por qué, entonces, una decisión termina siendo adoptada por el que toma decisiones? Majone explica esto afirmando que se debe al factor de aceptación que la argumentación genera. Claramente, uno puede hacer pilotos, puede establecer pequeñas pruebas, aplicar técnicas de validación, revisar los diseños, pero no habrá certeza de sus impactos en la realidad hasta su implementación.  Lo que si es necesario, es el análisis de política pública, utilizando o generando la data que nos permita proyectar resultados e impactos esperados.

Comentaré la decisión del Tribunal en otro post, para no confundir las discusiones, pero puedo adelantar que allí no sólo hay un problema jurídico o técnico-médico sobre la argumentada naturaleza abortiva de la AOE, sino también un problema de los límites de la sentencia del TC en la formulación, implementación o rediseño de las políticas públicas. ¿Cuánto y cuándo puede el TC ingresar en políticas públicas?

Sugiero leer: Giandomenico Majone. Evidencia, Argumentación y Persuasión en el Proceso de Políticas Públicas. Mexico City: FCE, 1996. Lo encuentran en la librería del Fondo. La versión en inglés: Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process, New Haven, CT: Yale University Press, 1989. (Paperback edition, 1992).

Soy profesor universitario. Intento entender o crear mecanismos que permitan a mis alumnos aprender más y mejor. Empecé, entonces, a estudiar sus formas de comunicación y la manera en la que, finalmente, aprenden lo bueno, lo malo y lo feo de la realidad. Usar sus formas para lograr el propósito de enseñanza-aprendizaje es también, creo, una responsabilidad docente y profesional.

Se inició un nuevo semestre y he decidido lanzar mi propio blog. No prometo nada. No estoy seguro de la frecuencia con la que escribiré. No creo que se reduzca a artículos políticos, académicos o teóricos. Más bien sospecho que -muy a mi estilo- será diverso, plural y en ocasiones controvertido. Lo cierto es que debo confesar que la idea de tener un blog me entusiasma porque me permite comunicar, argumentar, decir, y –a través de la palabra- expresar mi punto de vista, reafirmando mis utopías y descubriendo mundos distópicos a los que podríamos llegar o en los que solemos estar inmersos.

Moverse entre utopías y distopías, no es fácil. Por un lado, este espacio me permite reafirmar mi invariable afición y esperanza por la democracia como diálogo, aquella idea llena de significado a la que arribamos con los Egresados por la Democracia – EGREDEM. Pero también me permite reafirmar mi confianza en que ese mundo de utopía en el que los derechos están vigentes para todos, llegará algún día como resultado del incansable trabajo de quienes creen en la dignidad del ser humano. Mi familia y la Defensoría del Pueblo, donde tuve el honor de servir al país, son, en parte,  responsables de esta invariable y profunda convicción.

Pero  no puedo negar que a ratos pienso –como en la ciencia ficción- en mundos distópicos, en realidades atroces, devastadoras, apocalípticas, a las que nos conducimos de manera insensata como comunidad, como civilización, como especie. Pienso en mundos distópicos en los que falta el agua, en los que el aire es irrespirable, en los que la Amazonía ha sido devastada, en los que gobiernan las tiranías, en las que se persigue a los demócratas, violar los derechos es la regla y en los que la violencia se ha vuelto la mejor forma de resolver todo conflicto. Y me aterro, pero no me inmovilizo. Estoy aquí. He aquí mi aporte.

El título del blog tiene una explicación. Coadyuvo en mis cursos y en mi trabajo a la formación de gerentes públicos. Y para mí -siguiendo a Mark Moore- un gerente público crea valor público. Y lo hace prestando servicios, produciendo bienes para la comunidad, generando confianza en la actuación gubernamental. Servicios, resultados y confianza son elementos clave en la generación de valor público. Este blog tiene también ese propósito: coadyuvar en esa tarea brindando información, produciendo opiniones y argumentos, y ofreciendo una línea de pensamiento que tiene, qué duda cabe, en el respeto de libertades y derechos de las personas, y en la democracia, su guía para la acción.

Lima, 8 de octubre de 2009

Carlos Alza Barco