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DEL MILK OF SORROW AL MILK OF POLICY

Carlos Alza Barco

Profesor PUCP y Director Ejecutivo de PAR –
Instituto de Políticas Públicas, Regulación
y Desarrollo Sostenible (calza@par.org.pe).
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Pasaron los premios Oscar. Hubo cita en Plaza de Armas para expresar el apoyo a la cinta nacional. Comentarios de los conocedores han ido y venido en la prensa y la blogósfera. Y también de los que todo lo desconocen, lo critican, y de los incomprendidos, incomprensibles e incapaces. El comentario mañana será que la Teta Asustada pasó a ser la Teta Choteada.

Milk of Policy

Milk of Policy

Quienes vieron la película queriendo encontrar allí el realismo francés o la leyenda china, obviamente fracasaron y tuvieron la mayor decepción. Quienes buscaron en ella una explicación sociológica o la verdad política a la guerra interna, seguirán buscando y nunca encontrarán. De eso no trata. Esos otros que buscaron explicación a la chica del vestido con globos, siguen en el desconcierto. Y seguirán igual. Nada de eso parece haber en la obra de la chica Llosa. Su rollo es otro, hizo lo que quiso y lo que le salió, con lo que pudo. Así es el arte, y así (sobre todo por la parte de “con lo que pudo”) es el arte en nuestro país.

El problema no es el premio ni el contenido de la película. Fui a ver el sábado los Abrazos Rotos. Comenté con mi fiel amiga cinéfila, el expreso apoyo del Gobierno Español al cine en la península. El suceso de siquiera tentar un Oscar –porque no deja de serlo y de ser un mérito enorme haber llegado allí y a Cannes y a otros importantes encuentros de cine- debe conducirnos a pensar en las políticas culturales y, en particular por supuesto,  en las políticas orientadas al apoyo al cine nacional.Milk of Policy

En el Congreso se promueve un proyecto. Habrá que estudiarlo y discutirlo ampliamente. Al parecer propone que la mitad del 10% que pagan las salas de cine a las municipalidades por recaudación de entradas se destine a un fondo especial: El fondo de Fomento a la Producción Cinematográfica Peruana (PROCINE). Este fondo sería administrado por CONACINE. Este dinero serviría para producir largometrajes y cortometrajes, así como para darle vida a un archivo nacional de películas y realizaciones audiovisuales creadas en el Perú. Debo recordarle que hay obligación de que toda producción en video vaya a la Biblioteca Nacional. De hecho la Ley habla de material cinematográfico, así como del Centro Bibliográfico Nacional. No hay que crear más burocracia, sino hacerla funcionar eficiente y estratégicamente.

En todo caso -repito- es momento de empezar a fortalecer nuestras políticas culturales. Y hablo de políticas públicas, no sólo de normas legales, que son en realidad un instrumento de política.  Insisto en mis clases en que las políticas públicas son procesos de decisión pública, en la que el Estado involucra su autoridad para tomar decisiones destinadas a resolver problemas considerados valiosos para el ciudadano. Decisiones que va desde definir que hay un problema, y que ese problema debe ser resuelto por el Estado.

El acceso a la cultura es un derecho, así lo reconoce nuestra Constitución. Y el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que existe una Constitución Cultural en nuestro país. La Constitución obliga a que el Estado tome decisiones públicas. No estamos diciendo que el Estado deba hacer cine necesariamente (el Principio de Subsidiariedad -artículo 6 de la Constitución– nos amarra ya), pero si tiene que ser un actor central para garantizar y promover el derecho a la cultura de sus ciudadanos y ciudadanas. Queremos ver buen cine, queremos hacer cine en el Perú, y el cine puede ser un recurso para el desarrollo del país. Hay que ver más lejos. El cine también es arte y cultura, pero también es de esas artes que han creado industria. Creatividad e ingenio no nos faltan. Apuesto por la cultura, por las políticas culturales, y considero que no haber obtenido la estatuilla en los premios Oscar, debe ser ocasión para colocar este tema en el espacio de la discusión. Hay que tomar decisiones, aprobar normas, elaborar reglamentos, pero también hay que aprobar presupuestos, crear órganos y organismos si son necesarios, entre muchas otras medidas. En síntesis, hay que hacer política pública. Que el síndrome del Milk of Sorrow, se convierta hoy en el Milk of Policy que nuestro país necesita con urgencia.

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Debatamos más las políticas públicas…

No cabe duda de que la realidad, en ocasiones, nos puede brindar, con mayor claridad, aquello que otros teorizan en sus escritos o disertaciones. He tratado numerosas veces de explicar a mis alumnos y alumnas cómo se toman las decisiones públicas, la relevancia de la deliberación en la identificación de las preferencias públicas, y de la legitimidad de la decisión pública en los organismos del Estado. En suma, cómo se hacen las políticas públicas.

maestros de la discusión...

La reciente decisión –controvertida e inoportuna- de la Comisión Revisora del Código Penal, relativa a la despenalización del aborto eugenésico y por violación, tanto como la reciente decisión –contradictoria y de impactos discriminatorios- del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día siguiente, son ejemplos concretos sobre la necesidad de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en su definición; y de la necesaria deliberación que debe ameritar el proceso de formulación de las políticas públicas.

Una comisión revisora es una comisión técnica, principalmente, pero no exenta de la discusión y la presión política, religiosa o económica. Por ello, precisamente, sus decisiones no pueden ser estrictamente jurídicas (el frecuente error de las comisiones que formamos en el país). Antes bien, tendrían que deliberar ampliamente, no sólo interna sino externamente, sobre los valores que circundan a la comunidad, las necesidades  de la población, en particular la más pobre, y motivar su decisión a través de argumentos sólidos que permitan conocer las razones de su decisión.

La evidente confusión generada entre despenalización del aborto y promoción del aborto, o la desinformación liderada por sectores conservadores sobre la jerarquía de derechos, como si la vida de uno fuese más importante que la de otros, nos muestra cómo una comisión revisora de normas (instrumento de política pública muy relevante), tiene un mandato más allá del voto a favor o en contra. Tienen una misión de propuesta regulatoria, pero esa misión no puede estar ausente de su labor pedagógica en la discusión pública de los temas que se someten a su revisión. En esto los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental para hacer el seguimiento permanente a estos procesos y aportar en la deliberación pública sobre las materias que se votan.

Giandomenico Majone explica cómo las decisiones de los gobiernos no se toman por ser las mejores, sino muchas veces por ser las mejor argumentadas. Científicamente, se prueba una y otra vez, se ensaya y se comete errores, y la certidumbre científica se logra a través del falseo permanente y perseverante de lo que puede ser el descubrimiento científico. En cambio, en la administración estatal no podemos hacer eso. Sería costoso, podría conllevar a afectaciones serias de los derechos y libertades de las personas, y requeriría un tiempo prolongado que no puede ser esperado por las urgencias de la sociedad para resolver sus problemas. ¿Por qué, entonces, una decisión termina siendo adoptada por el que toma decisiones? Majone explica esto afirmando que se debe al factor de aceptación que la argumentación genera. Claramente, uno puede hacer pilotos, puede establecer pequeñas pruebas, aplicar técnicas de validación, revisar los diseños, pero no habrá certeza de sus impactos en la realidad hasta su implementación.  Lo que si es necesario, es el análisis de política pública, utilizando o generando la data que nos permita proyectar resultados e impactos esperados.

Comentaré la decisión del Tribunal en otro post, para no confundir las discusiones, pero puedo adelantar que allí no sólo hay un problema jurídico o técnico-médico sobre la argumentada naturaleza abortiva de la AOE, sino también un problema de los límites de la sentencia del TC en la formulación, implementación o rediseño de las políticas públicas. ¿Cuánto y cuándo puede el TC ingresar en políticas públicas?

Sugiero leer: Giandomenico Majone. Evidencia, Argumentación y Persuasión en el Proceso de Políticas Públicas. Mexico City: FCE, 1996. Lo encuentran en la librería del Fondo. La versión en inglés: Evidence, Argument, and Persuasion in the Policy Process, New Haven, CT: Yale University Press, 1989. (Paperback edition, 1992).