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“BAGUATAR” y la teoría del indio permitido

Carlos Alza Barco

carlos.alza@pucp.edu.pe

Profesor PUCP

James Cameron acaba de estrenar AVATAR. Sam Worthington y Zoe Saldaña, no tan conocidos, van acompañados por la célebre Sigourney Weaver. Después de verla, me preguntaba si nuestras autoridades tuvieron acceso al guión antes del denominado Baguazo. Por momentos tuve la sensación de que el Perú estuvo cargo del trailer de esta película al darle vida a casos como Bagua, Majaz, Río Corrientes, los problemas de superposición de lotes petroleros a áreas naturales protegidas, el problema con el Bahuaja Sonene, los Matsés, los Kugapakori Nahua, entre muchos otros casos que han devenido en conflictos socioambientales con violencia de por medio.

Según el Director de la película, este no será un éxito de los primeros días; sino más bien uno que se apreciará a partir de las semanas 3 y 4, en adelante. ¡Claro! Él mismo admite que es un tema complejo, estructurado para cuestionar –si bien con cierta simpleza argumentativa y efectos especiales en color pastel– el conflicto entre culturas, entre modelos de desarrollo. La película expresa bien el ánimo desesperado por la inversión, y la brutalidad con la que se actúa frente a lo diverso y diferente. Por un lado, los indígenas buscando proteger su entorno, sus creencias, sus formas de vida, y por el otro, el mundo de occidente, desesperado por “extraer” mineral a costa de una masacre además depredadora de faunas y bosques. Imagino que es aquí donde cabe la frase “cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia”.

La película vista en paralelo con el caso Bagua tiene enormes similitudes. Un Estado cuyo modelo de desarrollo es básicamente extractivo de recursos naturales con tanto valor económico que justifican cualquier (tipo de) intervención. El “indígena” debe “moverse a otras tierras” (Cerro de Pasco, estuviste presente!) para dar lugar al “desarrollo”. Un grupo de científicos creando avatares que se infiltran en el sistema para lograr el denominado “indio permitido” (me referiré a esto enseguida) y evitar la insurrección. En el medio, una historia de amor, como las muchas que seguramente dejaron policías, indígenas y otros ciudadanos que fueron víctimas en los sucesos de junio. Es lamentable, pero esas son las historias que nadie cuenta, y que agudizan el drama. Padres que pierden a sus hijos, hijos que pierden a sus padres, novios, esposas, amigos… como dice la Defensora del Pueblo, “cuando el conflicto se torna violento, todos perdemos”. Y, por supuesto, los funcionarios dispuestos a arremeter con gas lanzado desde helicópteros futuristas, incomprensión absoluta sobre el valor de bosques y faunas. Negación y desprecio por los diferentes inundan las escenas. Y –sin embargo- siempre algunos disidentes de ese sistema agresivo, dispuestos a cuestionarlo. Los distópicos que nadie quiere.

Pero este filme que costó 237 millones de dólares en producción y 150 millones en comercialización, pone sobre el tapete la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas que perviven en nuestro país y, en general, en nuestro planeta. Lo que ocurre en el Perú es sólo una expresión más de lo que viene ocurriendo en el mundo entero. Hace poco menos de dos meses estuve en Barcelona, en un Curso internacional sobre conflictos y pueblos indígenas. Me tocó exponer el caso peruano: “Bagua”. A los africanos, latinoamericanos, europeos y asiáticos que allí nos dimos cita gracias a la invitación del System Staff College de las Naciones Unidas, nos cruzaba el mismo meridiano: pueblos indígenas avasallados por el sistema, por las reglas; procesos e instituciones construidos a partir de la monocultura de occidente, incapaz de ver sin otros lentes que los del crecimiento económico.

Uno de los temas interesantes en el taller fue recordar la teoría del “indio permitido”. AVATAR me recordó también esta teoría.  En términos de Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana, muchas veces las políticas buscan un determinado tipo de indígena, aquel que acepta sumiso las propuestas del sistema. Usa la palabra indio porque enfatiza claramente el desprecio con que los Estados miran al indígena (cfr. Richards, P.). El “indio permitido” es pues aquel que está aprobado y validado por el gobierno, que no cuestiona las políticas públicas, que no demanda más, es aquel… que acepta. En ese sentido, queda prohibido el “indio insurrecto”, es decir, aquel que no está de acuerdo con el sistema, aquel que “se opone al desarrollo”, el “perro del hortelano”, el “indígena terrorista” o “vinculado con los narcos”, aquel que será condenado y sometido por la fuerza. Como afirma Patricia Richards, es aquel que dice no voy a consentir tus políticas multiculturales que no tienen sustancia. Ese es el indio que el Estado niega, gasea y mata.

Los Achuar, Matsés, Nahuas o las comunidades en Huancabamba,  todas ellas son aceptadas si están dispuestas a negociar educación intercultural bilingüe, salud intercultural, justicia y uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o desarrollo y crecimiento económico. Si no nos dan problemas. Pero algunas reclaman autonomía para la toma de decisiones, y en respeto de esta, poder negarse a aceptar actividades extractivas en su zona. Exigen no tanto acceder a servicios básicos típicos, sino la garantía de que cualquier actividad autorizada por el Estado no ponga en riesgo la vida de sus miembros, de sus hijos, padres y esposas/as. Es innegable que la compatibilidad de las actividades extractivas con otras como la agropecuaria, es posible hoy en día. ¿Qué se requiere? Un Estado regulador, fiscalizador y garante de los derechos de sus ciudadanos. Pero decidir parece estar negado a determinados grupos. El modelo es así, aquí terminó la historia. Si no quiere quedarse dentro del modelo entonces no tiene voz, es un “opositor al desarrollo”. Me pregunto qué diferencia este sistema al del clásico 1984 de Orwell.

Solemos pensar el desarrollo en términos nuestros. Sacrificando a los otros. No me cabe duda que detrás del problema de Bagua está una crisis entre los modelos de desarrollo existentes. Y no son pocos. Pensar idílicamente en el “movimiento indígena” no ayuda. También tiene sus debilidades, liderazgos huecos, dispersión temática, deficiente capacidad de propuesta, e intereses políticos (legítimos, por cierto) que priman en las negociaciones (no tan legítimo). Las comisiones vienen trabajando para darnos la “verdad” de los hechos. ¿Quién disparó primero? ¿Quién ordenó la intervención? ¿Cuántos muertos hubo realmente? Todo eso es importante y urgente, pero no estamos discutiendo lo trascendente e indispensable: la lógica, la mirada con la cual estamos construyendo el país. Siempre he dicho que cuando se trata de la propiedad de cuatro familias citadinas, el país se levanta y los medios acusan al gobierno de afectar sus derechos. Cuando se trata de los pueblos indígenas, entonces el derecho a la propiedad se flexibiliza, se debilita a favor del “desarrollo del país”. Seguimos viendo a los pueblos indígenas como los otros, y no como “prójimo”, los vemos como aquellos “insurrectos” que impiden “nuestro desarrollo”. Se requiere un Estado intercultural. No hay duda. La pregunta es ¿cómo lo logramos?

Lima, 18 diciembre de 2009

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CONSULTA PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

La blogósfera hoy aparece movida. El Presidente Obama acaba de emitir un memorandum por el cual en un plazo de 90 dias todas las agencias federales de USA tendrán que presentar su plan de implementación de procesos de consulta a los pueblos indígenas.

Fue Clinton el que firmó la Orden Ejecutiva No. 13175, sin que haya sido implementada hasta ahora de manera plena en los Estados Unidos.

obama

Obama firma memorando para consulta a indígenas

La historia ha demostrado que el fracaso en tomarse en cuenta los planteamientos de las autoridades indígenas para la formulación de políticas que interesen a sus comunidades ha producido resultados frecuentemente indeseables y, en ocasiones, devastadores y trágicos.

“Nosotros sabemos la historia que compartimos. Es una historia de violencia, de enfermedades y privación. Tratados que fueron violados. Promesas rotas”. Según se informa, la situación de las comunidades es crítica aún en muchas zonas de los Estados Unidos. Les falta servicios deelectricidad y agua potable, y tienen altas tasas de desempleo en algunas comunidades.

Obama dijo: “Sin una comunicación y consulta real, estamos entrampados año tras año con políticas que no funcionan para ustedes y sobre temas amplios que nos afectan a todos, y ustedes merecen tener una voz ahí”.

En la Casa Blanca hay una consejera para la Oficina de Asuntos Indígenas que es representante de la nación Cherokee. También  hay una directora de la Oficina de Servicios Médicos dentro del Departamento de Salud que es de la nación Sioux.

Ojalá en nuestro país hubiera una decisión así de clara, y al más alto nivel, de compromiso para la implementación de estos procesos. Todavía falta analizar bien los contenidos de este memorando y la voluntad política del gobernante. También es cierto que la realidad puede ser distinta, pero las voluntades en lo político y en lo ético para la vigencia real de los derechos de los pueblos indígenas es fundamental. En unas horas viajo a Barcelona, a participar del evento sobre Pueblos Indígenas y Construcción de la Paz de las Naciones Unidas. Presentaré las principales lecciones que nos deja el caso Bagua. No cabe duda que una de ellas es la necesidad y la urgencia de desarrollar el tema de la consulta, pero no como un mero formalismo ni como una forma de legitimar las decisiones de los Estados, sino como un mecanismo que realice e incorpore la voz de los que hasta ahora fueron históricamente excluidos e invisibilizados. Ya les comento desde allá las conclusiones.

Les copio el memorando que ya circula en internet, traducido por Victor Toledo y  Bartolomé Clavero.

TEXTO DEL MEMORANDUM

Memorandum
Para los directivos y directivas de los organismos y agencias del poder ejecutivo

Los Estados Unidos mantienen una relación jurídica y política de carácter singular con los gobiernos comunitarios indígenas, relación establecida y confirmada por la Constitución de los Estados Unidos, así como por tratados, leyes, disposiciones reglamentarias y decisiones judiciales. En reconocimiento de esta relación especial, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.175 del 6 de noviembre de 2000, los organismos y agencias del poder ejecutivo deben asumir el compromiso de actuar mediante consultas regulares y significativas, en colaboración con las autoridades indígenas, para el desarrollo de políticas federales que afecten a sus pueblos, y deben cumplir con la responsabilidad del fortalecimiento de la relación de Gobierno a Gobierno entre los Estados Unidos y los pueblos indígenas.

La historia ha demostrado que el fracaso en tomarse en cuenta los planteamientos de las autoridades indígenas para la formulación de políticas que interesen a sus comunidades ha producido resultados frecuentemente indeseables y, en ocasiones, devastadores y trágicos. Por el contrario, un diálogo significativo entre representantes federales y autoridades indígenas ha conducido a sustanciales mejoras de la política federal hacia los pueblos indígenas. La consulta es un elemento crucial de una relación sana y productiva entre la Federación y los pueblos indígenas.

Mi Gobierno ha asumido el compromiso de consular a las autoridades indígenas y colaborar con ellas para la adopción de decisiones políticas que afecten a sus pueblos, incluyendo, como paso inicial, la aplicación completa y sistemática de la Orden Ejecutiva 13.175. En consecuencia, directamente ordeno a los directivos o directivas de todas y cada una de las agencias que presenten al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB), en el plazo de 90 días a partir de la fecha de este memorando, un plan detallado de acción que la agencia habrá de adoptar para la puesta en práctica de las políticas y las directrices de la Orden Ejecutiva 13.175. Este plan se elaborará previa consulta de la agencia con los pueblos indígenas y sus autoridades conforme se especifica en la misma Orden Ejecutiva 13.175. También ordeno a cada directivo o directiva de agencia que presenten al Director de la OMB en un plazo de 270 días a partir de la fecha de este memorando, y luego anualmente, un informe sobre el progreso y el estado de cada acción prevista por el respectivo plan junto con las propuestas que convengan para su actualización.
El plan y los subsiguientes informes de cada agencia designarán a un funcionario competente para coordinar la aplicación del plan y la preparación de los informes de evaluación previstos en el presente Memorandum. El Asistente del Presidente en Política Interior y el Director de la OMB deberán supervisar los planes de las agencias y los informes consecutivos a fin de verificar su coherencia con las políticas y directrices de la Orden Ejecutiva 13.175.

Además, el Director de la OMB, en coordinación con el Asistente del Presidente en Política Interior, deberá presentarme, en el plazo de un año a partir de la fecha de este Memorandum, un informe sobre la aplicación de la Orden Ejecutiva 13.175 por todas las dependencias del poder ejecutivo de la Federación, informe basado en la supervisión de los planes de las agencias y de los respectivos informes de evaluación. Recomendaciones, de haberlas, para mejorar los planes y conseguir un proceso más eficaz de consulta indígena habrán de incluirse en tal informe.

Los términos “pueblos indígenas” (“Indian Tribe”), “autoridades indígenas” (“tribal oficials”), y “políticas que afectan a los pueblos indígenas” (“policies that have tribal implications”) son utilizadas en el presente Memorandum tal como se definen en la Orden Ejecutiva 13.175.

El Director de la OMB queda investido de la autoridad y sujeto a la obligación de publicar este Memorandum en el Diario Federal.

Este memorándum no pretende crear ni crea derecho o beneficio alguno, sustantivo o procesal, exigible en derecho o en equidad, para parte alguna frente a los Estados Unidos, sus organismos, agencias, funcionarios o funcionarias, empleados o empleados, agentes o cualesquier otras personas. Las dependencias y las agencias del poder ejecutivo deberán llevar a la práctica las disposiciones de este Memorandum en la medida que lo permita el derecho y de conformidad con las respectivas competencias legales y reglamentarias y mediante los procedimientos de mecanismos de aplicación igualmente legales y reglamentarios.

President Barack Obama
Washington, D.C