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ARBITRIOS… ¡PERO SIN ARBITRARIEDAD!

 

Carlos Alza Barco[1]

carlos.alza@pucp.edu.pe

Una reciente noticia dada a conocer por RPP[2] ha suscitado gran preocupación entre los vecinos y vecinas. En varios distritos de Lima, sus Alcaldes y respectivos Concejos aprobaron, al finalizar el 2010, un notable aumento en el valor de los arbitrios. En el caso de Pueblo Libre, el incremento ascendería a “68,3% para parques y jardines, 52,9% en serenazgo y 16,1% en recolección de residuos sólidos.”

La noticia generó comentarios en facebook, twitter, la página de El Comercio y varios vecinos y vecinas se han acercado a preguntarme ¿Puede hacerlo? ¿No es  arbitrario? ¿Qué debería ocurrir para que estos cobros sean legales? No cabe duda que habiendo tenido lugar, recientemente, las elecciones municipales, los vecinos y vecinas tenemos todo el derecho de pedir aclaraciones, de exigir transparencia y, de ser el caso, los mejores servicios. ¿Se anunció acaso este aumento de arbitrios? ¿No será que hay una profunda ineficiencia en la gestión local que busca soslayarse? La teoría le llama a esto: exigir mayor accountability (rendición de cuentas).

Recordemos que los arbitrios son tributos que como ciudadanos y ciudadanas debemos pagar ante la municipalidad por los servicios efectivamente recibidos de limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo. No se pagan igual en todos los distritos, pues responden a realidades distintas, es decir, no existe uniformidad en los montos.

Sin embargo, tampoco pueden ser arbitrariamente fijados. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto (STC 041 y 053-2004, entre otras), también la Defensoría del Pueblo[3], y la doctrina ha generado abundante literatura sobre este tema. Se supone –y lamentablemente, en muchos casos, sólo se supone- que cada gobierno local realiza un análisis de los costos que le genera brindar los referidos servicios. El monto a pagar debe ser, por tanto, aquél que permita cubrir los costos del servicio efectivamente brindado.

La municipalidad que decida el aumento en los arbitrios tiene como plazo hasta el 31 de diciembre de cada año, fecha en que debe publicar la Ordenanza que establece el referido aumento, explicando claramente los costos que justifiquen el citado incremento. La Ordenanza No. 351, del Municipio de Pueblo Libre[4], fue publicada en El Peruano el último día del año, aunque recién el 04 de enero fue colgada en el portal del Municipio

El alza de los arbitrios afecta al ciudadano que tiene que pagar el tributo y muchas veces no recibe un servicio óptimo. Recordemos que el índice de criminalidad ha aumentado, que hay problemas con el recojo de la basura por la mayor cantidad de familias viviendo en los nuevos edificios, y no es menor el hecho de que vamos disminuyendo áreas verdes en  toda la ciudad, y más bien se incrementan, por ejemplo, peligrosamente los grifos.

Pero también genera otros impactos. Un negocio, por ejemplo, tendrá que asumir mayores costos tributarios, que deberá trasladar al cliente a través del precio de los servicios o productos. Es obvio que sus costos aumentan. Esto eventualmente podría desincentivar la inversión, el consumo y, por supuesto, puede tener impactos económicos importantes. Por ello, antes de decidir el aumento de los arbitrios se debe hacer un análisis de impacto económico que busque no perjudicar al ciudadano, sobre todo a los de menos recursos.

También es importante que se establezca claramente los criterios para otorgar los beneficios tributarios a los vecinos/as. Es lo que durante nuestra campaña electoral llamamos un Sistema Tributario Justo. Los arbitrios no gravan la capacidad adquisitiva del contribuyente, sino el servicio recibido. Pero…¿recibimos acaso todos los mismos servicios?, ¿con la misma calidad?, ¿son los servicios realmente buenos?, ¿mejorarán con el aumento de arbitrios? Sólo se debe cobrar el servicio si es que éste se recibe efectivamente. Sólo para citar un ejemplo, algunos vecinos del parque Santa Isabel hacen su “chanchita” para arreglos del parque y su cuidado. ¿No debería hacerlo el municipio? Muchos vecinos pagamos guardianes y vigilantes privados ¿No deberíamos tener un mejor sistema de seguridad distrital para evitar estos gastos adicionales?

Debe existir no sólo una correspondencia entre el incremento y el servicio efectivamente recibido, sino sobre todo una justificación técnico-económica. La autoridad edil, el Alcalde y sus regidores y regidoras, deberá planificar estrategias transparentes y muy técnicas al respecto. La Ordenanza contiene una serie de datos y muestra los costos fijos, directos e indirectos. Habrá que estudiarlos con detenimiento.

Le corresponderá ahora al nuevo Concejo y a los regidores cumplir su papel fiscalizador. Se anuncian 259 efectivos de serenazgo. ¿Estarán efectivamente en las calles? ¿Realizarán un trabajo coordinado con la Policía? ¿Será una estrategia adecuada para superar el problema de la inseguridad? En otros distritos, el municipio apoyó las labores administrativas que realizan los policías en las comisarías, para que así los efectivos puedan salir a las calles. Por otra parte, con el aumento en parques y jardines, nuestro distrito debería ser el distrito verde de Lima por excelencia. Sin embargo, esperamos que no se sigan diseñando y remodelando parques quitando área verde a la ciudad. Además, sería mejor tener un sistema participativo de ecoeficiencia en los hogares, que seguir recogiendo las 87 toneladas diarias de basura en el distrito.

Entonces, ¿no habrá que pensar más estratégicamente la gestión municipal antes de andar trasladando las ineficiencias de gestión a los vecinos y vecinas a través del incremento de los arbitrios? Que rinda cuentas ante el Congreso de la República[5], órgano que debe fiscalizar y analizar técnicamente estos estudios de costos. Pero a los vecinos y vecinas también nos corresponde estar atentos. El Municipio debería convocar a las Juntas Vecinales, a los Presidentes Zonales y a todo vecino y vecina interesada en una gran Audiencia Pública abierta, para explicar con amplitud estas decisiones, y hacerse responsable de que los servicios realmente sean prestados en condiciones óptimas. …¡Seguiremos vigilantes!

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“BAGUATAR” y la teoría del indio permitido

Carlos Alza Barco

carlos.alza@pucp.edu.pe

Profesor PUCP

James Cameron acaba de estrenar AVATAR. Sam Worthington y Zoe Saldaña, no tan conocidos, van acompañados por la célebre Sigourney Weaver. Después de verla, me preguntaba si nuestras autoridades tuvieron acceso al guión antes del denominado Baguazo. Por momentos tuve la sensación de que el Perú estuvo cargo del trailer de esta película al darle vida a casos como Bagua, Majaz, Río Corrientes, los problemas de superposición de lotes petroleros a áreas naturales protegidas, el problema con el Bahuaja Sonene, los Matsés, los Kugapakori Nahua, entre muchos otros casos que han devenido en conflictos socioambientales con violencia de por medio.

Según el Director de la película, este no será un éxito de los primeros días; sino más bien uno que se apreciará a partir de las semanas 3 y 4, en adelante. ¡Claro! Él mismo admite que es un tema complejo, estructurado para cuestionar –si bien con cierta simpleza argumentativa y efectos especiales en color pastel– el conflicto entre culturas, entre modelos de desarrollo. La película expresa bien el ánimo desesperado por la inversión, y la brutalidad con la que se actúa frente a lo diverso y diferente. Por un lado, los indígenas buscando proteger su entorno, sus creencias, sus formas de vida, y por el otro, el mundo de occidente, desesperado por “extraer” mineral a costa de una masacre además depredadora de faunas y bosques. Imagino que es aquí donde cabe la frase “cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia”.

La película vista en paralelo con el caso Bagua tiene enormes similitudes. Un Estado cuyo modelo de desarrollo es básicamente extractivo de recursos naturales con tanto valor económico que justifican cualquier (tipo de) intervención. El “indígena” debe “moverse a otras tierras” (Cerro de Pasco, estuviste presente!) para dar lugar al “desarrollo”. Un grupo de científicos creando avatares que se infiltran en el sistema para lograr el denominado “indio permitido” (me referiré a esto enseguida) y evitar la insurrección. En el medio, una historia de amor, como las muchas que seguramente dejaron policías, indígenas y otros ciudadanos que fueron víctimas en los sucesos de junio. Es lamentable, pero esas son las historias que nadie cuenta, y que agudizan el drama. Padres que pierden a sus hijos, hijos que pierden a sus padres, novios, esposas, amigos… como dice la Defensora del Pueblo, “cuando el conflicto se torna violento, todos perdemos”. Y, por supuesto, los funcionarios dispuestos a arremeter con gas lanzado desde helicópteros futuristas, incomprensión absoluta sobre el valor de bosques y faunas. Negación y desprecio por los diferentes inundan las escenas. Y –sin embargo- siempre algunos disidentes de ese sistema agresivo, dispuestos a cuestionarlo. Los distópicos que nadie quiere.

Pero este filme que costó 237 millones de dólares en producción y 150 millones en comercialización, pone sobre el tapete la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas que perviven en nuestro país y, en general, en nuestro planeta. Lo que ocurre en el Perú es sólo una expresión más de lo que viene ocurriendo en el mundo entero. Hace poco menos de dos meses estuve en Barcelona, en un Curso internacional sobre conflictos y pueblos indígenas. Me tocó exponer el caso peruano: “Bagua”. A los africanos, latinoamericanos, europeos y asiáticos que allí nos dimos cita gracias a la invitación del System Staff College de las Naciones Unidas, nos cruzaba el mismo meridiano: pueblos indígenas avasallados por el sistema, por las reglas; procesos e instituciones construidos a partir de la monocultura de occidente, incapaz de ver sin otros lentes que los del crecimiento económico.

Uno de los temas interesantes en el taller fue recordar la teoría del “indio permitido”. AVATAR me recordó también esta teoría.  En términos de Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana, muchas veces las políticas buscan un determinado tipo de indígena, aquel que acepta sumiso las propuestas del sistema. Usa la palabra indio porque enfatiza claramente el desprecio con que los Estados miran al indígena (cfr. Richards, P.). El “indio permitido” es pues aquel que está aprobado y validado por el gobierno, que no cuestiona las políticas públicas, que no demanda más, es aquel… que acepta. En ese sentido, queda prohibido el “indio insurrecto”, es decir, aquel que no está de acuerdo con el sistema, aquel que “se opone al desarrollo”, el “perro del hortelano”, el “indígena terrorista” o “vinculado con los narcos”, aquel que será condenado y sometido por la fuerza. Como afirma Patricia Richards, es aquel que dice no voy a consentir tus políticas multiculturales que no tienen sustancia. Ese es el indio que el Estado niega, gasea y mata.

Los Achuar, Matsés, Nahuas o las comunidades en Huancabamba,  todas ellas son aceptadas si están dispuestas a negociar educación intercultural bilingüe, salud intercultural, justicia y uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o desarrollo y crecimiento económico. Si no nos dan problemas. Pero algunas reclaman autonomía para la toma de decisiones, y en respeto de esta, poder negarse a aceptar actividades extractivas en su zona. Exigen no tanto acceder a servicios básicos típicos, sino la garantía de que cualquier actividad autorizada por el Estado no ponga en riesgo la vida de sus miembros, de sus hijos, padres y esposas/as. Es innegable que la compatibilidad de las actividades extractivas con otras como la agropecuaria, es posible hoy en día. ¿Qué se requiere? Un Estado regulador, fiscalizador y garante de los derechos de sus ciudadanos. Pero decidir parece estar negado a determinados grupos. El modelo es así, aquí terminó la historia. Si no quiere quedarse dentro del modelo entonces no tiene voz, es un “opositor al desarrollo”. Me pregunto qué diferencia este sistema al del clásico 1984 de Orwell.

Solemos pensar el desarrollo en términos nuestros. Sacrificando a los otros. No me cabe duda que detrás del problema de Bagua está una crisis entre los modelos de desarrollo existentes. Y no son pocos. Pensar idílicamente en el “movimiento indígena” no ayuda. También tiene sus debilidades, liderazgos huecos, dispersión temática, deficiente capacidad de propuesta, e intereses políticos (legítimos, por cierto) que priman en las negociaciones (no tan legítimo). Las comisiones vienen trabajando para darnos la “verdad” de los hechos. ¿Quién disparó primero? ¿Quién ordenó la intervención? ¿Cuántos muertos hubo realmente? Todo eso es importante y urgente, pero no estamos discutiendo lo trascendente e indispensable: la lógica, la mirada con la cual estamos construyendo el país. Siempre he dicho que cuando se trata de la propiedad de cuatro familias citadinas, el país se levanta y los medios acusan al gobierno de afectar sus derechos. Cuando se trata de los pueblos indígenas, entonces el derecho a la propiedad se flexibiliza, se debilita a favor del “desarrollo del país”. Seguimos viendo a los pueblos indígenas como los otros, y no como “prójimo”, los vemos como aquellos “insurrectos” que impiden “nuestro desarrollo”. Se requiere un Estado intercultural. No hay duda. La pregunta es ¿cómo lo logramos?

Lima, 18 diciembre de 2009